En el Día Internacional de la Mujer, José Jesús Silva Solís renunció al cargo de procurador estatal de Chihuahua bajo la presión lanzada por el presidente Vicente Fox, el procurador general Macedo de la Concha y la comunidad internacional para castigar a los funcionarios implicados en el feminicidio en Ciudad Juárez.
El procurador saliente Silva Solís argumentó al presentar su renuncia esta mañana que «en aras de fines perversos ha sido objeto de señalamientos sin fundamento alguno que lesionan y lastiman su vida, la de su esposa e hijos».
Tales actores «pretenden descalificar el trabajo de un gobierno que ha tenido importantes realizaciones en el combate al delito a la impunidad», sostiene en la misiva enviada al gobernador Patricio Martínez, donde aclara que como ciudadano sin cargo se defenderá de las calumnias.
Silva Solis, alias «Chito», llegó a su cargo hace tres años, durante los cuales grupos de familiares y activistas en Chihuahua han solicitado su remoción e investigación penal ante una década en la que se contabilizan 370 mujeres asesinadas y cuatro mil desaparecidas y solamente un condenado, de acuerdo con Amnistía Internacional.
Jesús Antonio Peñón Jiménez, hasta ayer subprocurador de Justicia, tomó protesta esta tarde en sustitución de Silva Solís durante una ceremonia en el Salón Gobernadores ante el secretario general de Gobierno, Sergio Martínez, informó el gobierno de Chihuahua.
Esther Chávez, fundadora del centro de crisis Casa Amiga y una de las primeras activistas contra la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez desde hace 10 años, al dar la nueva se congratuló a nombre de la sociedad civil.
«Sus antecedentes no auguraban buen desempeño», dijo vía telefónica al resaltar la presión que ejercieron los actos del Día V –que llevó el pasado 14 de febrero a gente como Jane Fonda a pedir justicia en la ciudad fronteriza—y el Primer Tribunal de Conciencia que el sábado 6 pidió castigo a las autoridades cómplices.
Sin embargo, «creemos que no es suficiente, exigimos una investigación y un juicio de la gente que trabaja en la fiscalía», en un escenario que apunta a la corrupción imperante en el sistema judicial chihuahuense.
Las quejas de los grupos juarenses llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en la primavera y otoño del 2003 cuestionaron al ex procurador sobre el hostigamiento permanente contra las organizaciones denunciantes del feminicidio en Ciudad Juárez y la capital, Chihuahua.
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