España necesita una política migratoria que priorice los aspectos sociales al control policial, afirmó la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez, según dio a conocer por el servicio español Canal Solidario.
En su visita a Barcelona para presentar el informe sobre la realidad de la inmigración en el Estado español, la relatora dijo que lo importante es poner en marcha una política migratoria que vaya más allá de una Ley de Extranjería, y que contemple aspectos humanos como el derecho a la educación, entre otros.
«Espero que se ponga en marcha una política migratoria» en la que los aspectos relacionados con este fenómeno «no dependan sólo del Ministerio del Interior», sino que exista una mayor coordinación con otros Ministerios como el de Trabajo y Asuntos Sociales y con oficinas como la de la Mujer, afirma Rodríguez.
«Centralizar el manejo del control migratorio en el Ministerio del Interior no ha dado hasta ahora buenos resultados», añade la relatora, que opina que la nueva política migratoria debería ir acompañada de «un espíritu no tan cerrado como el que ha predominado con el Gobierno» de José María Aznar.
Aunque no ha conversado directamente con el nuevo gobierno, la relatora ha aprovechado su visita a España para instar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a reconducir la política migratoria llevada a cabo en los últimos años, así como a continuar con la lucha contra las mafias y los grupos de tráfico de inmigrantes, que significan explotación laboral y sexual para muchas personas inmigradas.
En esta línea, Gabriela Rodríguez ha acusado al Gobierno saliente de provocar el aumento de la bolsa de inmigrantes en situación irregular al no solucionar el «desbordamiento» de las administraciones.
La «lentitud» con que se tramitan las solicitudes de los inmigrantes regularizados, que necesitan renovar su permiso de residencia, ha convertido a éstas personas en irregulares administrativos advierte la relatora.
En la actualidad, y según el informe presentado por Gabriela Rodríguez ante Naciones Unidas, en España existen «aproximadamente entre 600 mil y 800 mil» inmigrantes sin regularizar, en una situación altamente vulnerable en la que sus derechos pueden ser fácilmente violados.
En este contexto, debería fomentarse el empadronamiento y, sobre todo, llevar a cabo «un proceso de regularización» que beneficie a las mujeres y hombres inmigrantes que desde hace años viven y trabajan en España en condiciones administrativas legales.
Según Gabriela Rodríguez la política migratoria que debería llevar a cabo el nuevo gobierno español ha de tener un fuerte carácter social y, en esta línea, contar con la opinión de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y entidades sociales que trabajan en este ámbito.
En concreto, el informe de Naciones Unidas insta a España a revisar la legislación para garantizar los derechos de las y los inmigrantes y los demandantes de asilo.
Asimismo, el documento insta al Gobierno a ratificar la Convención sobre la protección de los derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, en vigor desde julio de 2003, y que hasta la fecha sólo ha sido ratificado por una veintena de países «expulsores» de inmigrantes, y no por los «receptores».
2004/BJ/SM
