La diputada chilena María Antonieta Saa, presentó ante la Cámara de diputados de este país un proyecto de ley que tipifica el tráfico de mujeres y niñas como delito, que muestra un notable vacío legal sobre el tema.
En una reunión, con el ministro de Justicia, Luis Bates, al que le dieron a conocer el proyecto de ley, la diputada Saa informó que el tráfico de personas, especialmente de niñas y mujeres, es un problema de gran magnitud.
Aseguró que esta «industria opera en muchas partes del mundo y los países que mayores índices de trafico de personas que se registran en América del Sur son Perú, Bolivia, Argentina y Brasil, en la que se han identificado más de 180 rutas de trafico».
Saa explicó que el proyecto de ley plantea el castigo del delito no consumado, de la intención de hacerlo, de la obligación de los funcionarios públicos de denunciar este delito, así como la prevención al ingreso y salida de menores de edad del territorio nacional.
La propuesta de ley –añadió la parlamentaria- «contempla reforzar fronteras en el caso de niñas y niños, sólo pueden salir acompañados de sus padres, del progenitor que goza de la tutela o de un tercero que goce de la tutela entregada por sentencia judicial».
Manifestó que a diferencia del permiso notarial que hoy se entrega para permitir la salida del país de los menores, la iniciativa propone la entrega de un certificado en el departamento de extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile, pues supone un seguimiento más efectivo de la salida de los infantes.
La diputada del Partido por la Democracia (PPD), junto con los legisladores Guillermo Ceroni y Jaime Quintana, así como la directora de la organización no gubernamental Raíces, Denisse Araya, se reunieron con el ministro de Justicia, a quien le pidieron se sume a esta iniciativa.
Al respecto Araya declaró que Chile no está ajeno al tráfico de niñas y niños, pues una investigación realizada en el año 2001 les permitió certificar 17 casos de niños y niñas chilenos que habían sido víctima del tráfico.
La iniciativa, también promovida Raíces, especializada en la atención a personas menores de edad sometidas al comercio sexual, apunta que con el proyecto se pretenden abrir límites legales y de aprobarse la ley estarán vigentes en el país como practicas cotidianas. Esta organización impulsa desde 2001 la campaña denominada «Alto al trafico de niñas y niños».
El tráfico de personas, especialmente de niñas y mujeres, está considerado entre las organizaciones criminales ilícitas, como el que ocupa el tercer lugar mundial. La Organización Internacional del Trabajo calcula que un millón 400 mil niñas y niños fueron victimas de esta práctica entre 2002 y 2003.
2005/SJ
