Menores que sufran violencia familiar derivada de un divorcio o controversia de orden familiar, recibirían atención y orientación sicológica, según establece una iniciativa de reforma al artículo 200 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
La propuesta será presentada mañana ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por el secretario de la Comisión de Administración y Procuración y Justicia de esa instancia legislativa, José de Jesús López.
El contenido de dicha iniciativa da cuenta de que en los juicios de divorcio o en las controversias de orden familiar, mujeres y hombres presentan una constante y, en ocasiones, violenta conducta que no permite la convivencia del menor con sus padres.
En ese sentido, el integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), explica que la iniciativa plantea que el Consejo de la Judicatura y el Centro de Convivencia Familiar Supervisada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), apremie a la pareja a que respete los derechos de los menores y la atención de los mismos.
En el cuerpo del documento, López Sandoval señala que el Centro de Convivencia Familiar Supervisada es un órgano del TSJDF con autonomía técnica y operativa, y tiene por objeto facilitar la convivencia paterno-filial en casos que, a juicio de los titulares de los juzgados y salas de lo familiar, no exista una relación de manera libre y se ponga en riesgo el interés del menor.
Acerca del Centro Familiar de Convivencia Supervisada, López Sandoval revela que es la última opción a la que los impartidores de justicia pueden recurrir para mantener alguna convivencia de padres y madres con sus hijas e hijos.
El Centro es la respuesta a cuando el papá o la mamá no pueden entrar a la casa en la que viven los menores porque hay un historial de agresiones en la familia, o porque una nueva unión hace más difícil la convivencia.
El asambleísta exhorta a que con objeto de responder a las necesidades de reconstrucción del tejido social, los demás grupos parlamentarios aprueben esta iniciativa de decreto donde se reforma el artículo 200.
Así, concluye el legislador, es necesario otorgarle mayor seguridad jurídica al desarrollo integral de la niñez, para que no sea sólo una preocupación de instituciones locales, sino nacionales, a fin de contrarrestar la violencia que los envuelve.
2004/RGL/BJ/SM