Por considerar que la trata de personas amenaza especialmente a mujeres, niñas y niños que atenta contra el orden interno y la seguridad pública en México mientras no exista una legislación específica que la tipifique y penalice como un delito, una opción para perseguir a las bandas delictivas es la homologación de los códigos penales.
Coincidieron representantes de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad civil y de los gobiernos de Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos al término del seminario «La Trata de Personas: Protección, Procuración de Justicia y Prevención» en Tapachula Chiapas.
La homologación deberá llevarse a cabo bajo las directrices de los instrumentos internacionales e igualando las figuras delictivas y las sanciones penales, precisaron.
La frontera sur de México es considerada zona fértil para la proliferación de este delito, con fuertes y crecientes flujos migratorios, en donde mediante el engaño y reclutamiento forzoso, actúan coyotes y traficantes para la explotación laboral de migrantes y diversas formas de abuso sexual de menores y mujeres.
Aún cuando organizaciones de la sociedad civil han denunciado casos de trata de personas en México y organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han confirmado su existencia todavía se desconoce la dimensión de esa problemática precisamente por la falta de una legislación adecuada.
En la Cámara de Diputados se encuentra «congelada» una iniciativa de Ley, aprobada por el Senado en diciembre del 2005, para establecer como un delito la trata de personas que, al no establecerse un periodo extraordinario de sesiones, quedó pendiente para ser analizada y discutida hasta la próxima Legislatura.
Respecto al marco jurídico y la procuración de justicia, en el Seminario se observó que esta Ley no debe limitarse a la tipificación y penalización del delito, por lo que tendrá que incluir mecanismos para asistir y proteger a las victimas, garantizar la estancia legal de aquellas que no tengan condiciones de volver a su país, o no convenga su retorno, y de quienes vivan un procedimiento legal.
Las y los participantes, subrayaron la importancia de que en tanto no se acuerde una legislación es imperioso actuar en materia de procuración de justicia.
Por lo anterior, Ministerios Públicos e instancias de seguridad pública «deben utilizar por lo menos los instrumentos jurídicos ya existentes en los códigos penales y de procedimientos», de tal manera que se puedan iniciar las investigaciones, sustentar acusaciones y procesar a las y los implicados.
Entre quienes promueven una legislación que tipifique y penalice la trata de personas en México, se encuentran el Grupo Promotor de la Legislación anti Trata de Personas, integrado por organizaciones de la sociedad civil, especialistas y organismos internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la OIM, éstos dos últimos los organizadores del evento.
06/CV/LR