Familiares de Sandra, una mujer con retraso mental violada por su empleador en el central estado de Guanajuato, presentarán una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos de la entidad luego de que autoridades de Salud le practicaron varios estudios sin su consentimiento.
La queja será presentada en los próximos días por Martha Macías, madre de Sandra, a quien además las autoridades judiciales de ese estado le negaron el derecho al aborto, legal en caso de embarazo por violación, informó Dulce Vargas, militante del grupo civil, Milenio Feminista, que apoya la víctima.
Informó que la mujer, de 30 años de edad, fue forzada a salir de su domicilio por algunas horas el pasado 26 de marzo, para llevarla al Hospital Regional de Irapuato, Guanajuato (490 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México), donde se le hizo un ultrasonido sin su consentimiento o el de su madre.
Luego de forzarla a salir de su casa y hacerle el examen, el secretario de Salud estatal, Héctor Jaime Ramírez, dijo a los medios de comunicación que tanto Sandra como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud, lo que es falso, aseguró la activista.
Vargas explicó que la mujer recibe atención médica privada y de acuerdo con los estudios practicados, presenta anemia, tifoidea y posiblemente el virus del papiloma humano, lo que pone en riesgo su salud y la de su hijo.
Advirtió que debido a la actuación de las autoridades de Guanajuato, la madre de Sandra, violada por su empleador en noviembre pasado, rechaza la atención médica estatal, aunque exigirán al gobierno que asuma los gastos médicos.
Informó que mañana martes el Congreso Estatal recibirá un exhorto de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados federal para reformar el Código de Procedimientos Penales en la entidad, para garantizar a las mujeres la interrupción del embarazo cuando así lo permita la ley local.
Anunció que antes de que finalice esta semana, representantes de Milenio Feminista se reunirán con el procurador de Justicia de Guanajuato, Miguel Valadéz Reyes, para pedir una vez más la destitución de agente del Ministerio Público número tres, especializada en Delitos Sexuales, María del Rocío Mayo.
La funcionaria rechazó el cumplimiento de la orden judicial de interrupción del embarazo, y además es acusada de cometer actos de intimidación contra Sandra y su madre.
También pedirán información sobre las acciones para localizar al violador de Sandra, Ernesto Martínez, prófugo de la justicia.
2003/SM/MEL
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