Mañana, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Eugenia Flores, presentará en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la iniciativa de Ley de Salud para el Distrito Federal, que obliga a las autoridades de salud a garantizar el aborto legal de manera gratuita en los servicios de salud, normando y autorizando a los centros privados que estén en condiciones de interrumpir embarazos.
Además, el proyecto de ley reconoce la objeción de conciencia para los servidores públicos que por ideología personal se nieguen a practicar el aborto, siempre y cuando las instituciones públicas de salud cuenten en todos sus horarios con personal dispuesto a efectuar el proceso quirúrgico.
En conferencia de prensa en instalaciones de la ALDF, Eugenia Flores explicó que de acuerdo con una encuesta realizada por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el 75 por ciento de los trabajadores de salud aceptan la interrupción del embarazo, según las causales establecidas en el Código Penal vigente en el Distrito Federal, entre ellas, la violación.
Dijo que el proyecto, que cuenta con el respaldo de la sociedad civil, castiga la discriminación en los servicios de salud contra las mujeres, por razones de origen étnico, preferencia sexual o posición económica.
Luego de explicar que la iniciativa recoge las demandas de los grupos de mujeres, académicos y personal médico de esta ciudad, la legisladora abundó en que la propuesta establece el principio de consentimiento informado y el derecho a la información.
En su opinión nadie –ni los panistas–puede oponerse a mejorar la salud de los capitalinos y en que se brinde atención especializada para las mujeres adolescentes, adultas, personas de la tercera edad para la prevención y control del cáncer cérvico-uterino, mamario, VIH/Sida, así como otras enfermedades, que constituyen alarmantes fuentes de decesos.
Además, añadió, el proyecto incorpora en las políticas de salud la prevención y atención a la violencia intrafamiliar y sexual.
A su vez reivindica las políticas de salud sexual y reproductiva previendo programas específicos, campañas informativas y la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los servicios. Reconoce además el papel de promotores y educadores para la salud y apoya la incorporación al sistema de salud de medicinas tradicionales y alternativas.
También impulsa la obligatoriedad en el suministro de medicamentos e insumos en los centros de salud públicos; atiende la salud mental y obliga a los servicios de salud a contar con programas e instalaciones para las diferentes discapacidades; auditivas, motoras, visuales. Igualmente prevé mejorar la atención médica a los internos de los centros de readaptación social.
Por su parte Pilar Sánchez de Católicas por el Derecho a Decidir dijo que su organización avala esta iniciativa que pretende responder a problemas tan complejos como lo es el aborto que en el Distrito Federal, que se calcula, ocurren 80 mil al año en esta ciudad.
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