La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH) señaló que «el peso de las evidencias» desmienten la postura del gobierno estatal, que a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, informó a la sociedad organizada de Oaxaca que el desalojo de maestras y maestros del pasado 14 de junio, fue legal y no se utilizaron armas de fuego.
Sara Méndez, secretaria técnica de la RODH, dijo que la funcionaria gubernamental expuso en una respuesta dirigida a las organizaciones no gubernamentales que «la policía actuó con estricto apego a la ley… no utilizando armas de fuego».
En ese sentido, la RODH hizo un recuento de los heridos, entre ellos Héctor Ruiz Martínez, quien fue atendido en el Hospital General «Dr. Aurelio Valdivieso» por una herida de bala en el pie; a su vez Daniel Mendoza Reyes, ingresó al IMSS donde fue intervenido quirúrgicamente habiendo realizado segmentectomia en lóbulo superior del pulmón derecho, tras ser alcanzado por un disparo. Todavía está hospitalizado.
La secretaria técnica de la RODH citó también el caso de Daniel Baustista Díaz, quien casi pierde el ojo a consecuencia del estallamiento de una bomba de gas y Heriberto Martínez fue alcanzado por un petardo.
Filemón Caballero Ríos refiere que una bomba le estalló en el brazo y que el disparo fue hecho desde el helicóptero utilizado para el desalojo.
Méndez agregó que en los últimos días, junto con otros organismos de la sociedad y personal voluntarios han documentado y verificado la información que surgió tras el fallido desalojo de maestros el pasado 14 de junio y citó que aquella madrugada había unas 30 mil personas entre integrantes del magisterio, así como familiares e hijas e hijos de los y las maestras.
La activista por los derechos humanos sostuvo que el silencio oficial, principalmente en hospitales públicos, agravó la desinformación tras cinco horas de gases lacrimógenos, lo cierto apunta es que hasta hoy se pueden apreciar las secuelas: infecciones de ojos, problemas respiratorios, golpes y lesiones diversas, incluso hemos podido constatar un aborto causado por los golpes que han resultado luego de varios días.
Aunado a la violencia física, la secretaria técnica de la RODH expuso que hay daño psicológico entre los y las niñas, las maestras y maestros que estaban en el plantón que el gobierno estatal intentó desactivar en el centro histórico.
De acuerdo con un recuento, la Red señala que han sido identificadas 113 personas atendidas en diversos hospitales públicos de la ciudad, los nombres fueron obtenidos de los mismos hospitales, a excepción de la Cruz Roja que no entregó un listado, pero que atendió aquella mañana a un total de 192 personas.
Más adelante expuso que hay testimonio de policías que culpan directamente al gobierno del Estado y al titular de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas por la agresión, porque se les envío «como carne de cañón, les dieron la orden con la seguridad de que iban a recibir refuerzos de la PFP, ayuda que nunca llegó, con las consecuencias que ya conocemos y que ha puesto en evidencia el descontento contra sus superiores tanto en la policía preventiva como en la ministerial».
Por otra parte, la RODH denunció en una conferencia de prensa este fin de semana que hubo 11 detenciones ilegales y arbitrarias, al menos nueve revelaron haber sido sometidos a tortura psicológica en una casa de seguridad ubicada rumbo al aeropuerto y luego a otro lugar, incluso fueron llevados al penal de Cuicatlán donde permanecieron casi 12 horas y luego devolverlos a la casa de seguridad donde estuvieron de manera inicial hasta ser liberados el 15 de junio a las 20:00 horas.
Por lo anterior, el organismo defensor de Derechos Humanos en Oaxaca que agrupa a seis organizaciones, señala que hubo abuso de autoridad relacionado al Derecho a la integridad y seguridad personal, uso excesivo de la fuerza, detención ilegal, garantías judiciales y el derecho al debido proceso, entre otras.
06/SJ/LR
