La Comisionada para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, está preocupada por la voluntad política de la Federación y el estado de Chihuahua, especialmente «a medida que las procuradurías avancen sus investigaciones».
En entrevista con Cimacnoticias en esta capital, donde presidió la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Morfín hizo una docena de preguntas que expresan el panorama que mira a seis semanas de haber sido designada funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
«¿Tendrá voluntad política Patricio Martínez para impulsar en el último año de su gobierno todos los procesos penales bajo fórmulas de técnica jurídica racional e impecable? Y en esa voluntad, ¿será firmemente seguido por su procurador y todas las estructuras de la Procuraduría? ¿Será posible reconstruir lo que se dejó de hacer en la administración anterior a Patricio Martínez que tiene omisiones y negligencias de los primeros homicidios hechos visibles en 1993?»
También se pregunta por el Gobierno Federal: «¿Habrá continuada y decidida voluntad política por parte de todos los que encabezan el Ejecutivo Federal para nombrar sus mejores enlaces, sus más firmes inteligencias creativas para tener esa presencia de calidad en Ciudad Juárez?»
Lo anterior en previsión a escenarios difíciles. «¿Lograremos salvar bajo reglas de concordia y de apego al Estado constitucional de derecho los escenarios sin duda complicados que se van a presentar a medida que las procuradurías avancen en sus investigaciones?», indicó la ex candidata del extinto México Posible, partido por la diversidad.
De acuerdo con todas las cifras oficiales y de organismos no gubernamentales, en Ciudad Juárez han sido asesinadas más de 300 mujeres en la década pasada. Y hasta cuatro mil 500 estarían desaparecidas.
«¿Seremos capaces desde el Ejecutivo Federal de lograr todos los programas suficientes para erradicar la desigualdad profunda que se viven en los barrios marginados de ciudad Juárez? ¿Seremos capaces de proteger -jalándose todos los hilos que deban jalarse en el ámbito industrial y de la sociedad civil para que los hijos de los obreras de las maquiladoras lleguen a tener desarrollo social?»
María Guadalupe Morfín se pregunta también si «¿podremos convencer a todos los que deban ser convencidos de intensificar programas contra la violencia hacia las mujeres bajo parámetros educativos que arrojen resultados que permanezcan en el tiempo…?»
Con voz pausada, pero sin detenerse, prosigue: «¿Contaremos con la decidida intervención e investigación de aquellos que en la estructura de las corporaciones son los responsables de investigar el narcotráfico, no sólo el narco-menudeo sino también el narco-mayoreo?»
Y de cara a la inminente entrega del dictamen sobre causas penales e investigación de la Misión de Expertos de la ONU que visitó Ciudad Juárez a finales de septiembre, cuestiona si «¿tendremos el valor de asumir las recomendaciones de los organismos multilaterales o no gubernamentales y aceptar que el nuevo concepto de soberanía es el que se abre a esta globalización ética, quizá la única globalización ética que pueda darse para compartir criterios públicos y universales que descansan en los valores de los derechos humanos?»
Desde su designación, el 17 de octubre del 2003 anunciada por el secretario de Gobernación Santiago Creel, la sociedad civil se debate entre su simpatía personal y su capacidad para llevar justicia a las víctimas, toda vez que no tiene atribuciones para investigar como lo haría una fiscal especial.
«Ese mandato no lo tengo. Tengo el de intervenir en el ámbito de procuración de justicia bajo formas de coordinación con la Procuraduría General de la República y de cooperación con la Procuraduría local.»
Espera el informe de la Misión de la ONU, al que calificó como valiosísimo: «Creo que ésa será en la línea de procuración de justicia; una de las actividades más importantes será aterrizar esas recomendaciones para que no queden volátiles, aéreas, como buenos anhelos de un Estado democrático de derecho.»
Mientras espera ese informe y del decreto presidencial que modifica la estructura de la Segob para darle cabida a su «pequeño pero digno equipo», Morfín trabaja para «no sólo atender los reclamos de las víctimas sino también investigar si se han vulnerado las normas, debido al proceso, para algunos de los inculpados y proceder con argumentaciones a su inmediata excarcelación». Tal es el caso de los llamados «Ruteros».
Sobre los 10 nombres de poderosos empresarios en Chihuahua vinculados a los asesinatos que circulan en la prensa y tienen como fuente al FBI, comenta que «no me corresponde a mí contestar, sino a quien hace la tarea de investigación específica, y atenderlos como una más de las hipótesis que están manejando».
La comisionada Morfín participó la noche de ayer en una mesa sobre impunidad compartida con el fiscal anticorrupción Carlos Castresana –integrante de la mencionada misión de la ONU-, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Anders Compás, y la presidenta para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura, Alicia Pérez Duarte.
Hoy comparte un espacio similar en el séptimo día de actividades de la Feria Internacional del Libro 2003, con familiares y activistas de víctimas en Ciudad Juárez, el fiscal Castresana y el periodista Sergio González Rodríguez, autor de Huesos en el Desierto.
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