Mientras el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que analiza la Cámara de Diputados, contempla recortes a programas de prevención de la violencia contra las mujeres, también propone incrementos a dependencias que no fueron creadas para promover la igualdad de género.
El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PPEF propone aumentos a programas operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y por las Secretarías de Energía (Sener) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencias que no tienen como mandato principal cerrar las brechas de género.
De acuerdo con el documento, que debe ser aprobado el próximo 15 de noviembre, el DIF recibiría de la Secretaría de Salud 52 millones 112 mil 370 pesos para el programa de Apoyos para la “protección de las personas en estado de necesidad”, política pública que otorga apoyos económicos o en especie a la ciudadanía.
En 2017 este programa recibió 19 millones 58 mil 443 pesos y para 2018 podría recibir 25 millones 112 mil 370 pesos, es decir, un incremento de 173 por ciento.
Sin embargo las acciones de este programa tampoco se enfocan en las mujeres toda vez que tiene una población objetivo de 2 mil 620 mujeres y 2 mil 620 hombres. Según los informes que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), al primer trimestre de este año se atendió a 621 mujeres y 528 hombres.
Destaca que en el Anexo 13 -creado en 2008 para promover el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres- contempla aumentar los recursos para el programa de Infraestructura de Sedatu, una dependencia encargada de atender las demandas de vivienda y urbanización.
A través de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios y la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos, Sedatu opera este programa que en 2017 recibió 397 millones 531 mil 191 pesos y que tiene planeado recibir una bolsa de 475 millones 394 mil 841 pesos.
Aunque el objetivo de esta política es mejorar las condiciones en las que viven las mujeres, en realidad los recursos se utilizan (de acuerdo con la información que la dependencia entrega en sus informes trimestrales a la SHyCP) para dar cursos y talleres sobre el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias; para prevenir la violencia en el noviazgo, la violencia familiar y prevención de embarazos en adolescentes, actividades que también realizan los institutos estatales de las mujeres; el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Salud.
Otra de las dependencias con un aumento de recursos para operar dos programas, es la Sener: el de Actividades de apoyo administrativo y el de Coordinación de la política energética en electricidad.
A través del primer programa se realiza capacitación “que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género”, el cual obtuvo 8 mil 649 pesos y que ahora recibiría 25 mil pesos. El segundo programa consiguió 286 mil 371 pesos este año y ahora se le otorgaría un millón de pesos.
Estos recursos se ejercen para la operación de la Unidad de Igualdad de Género de la dependencia y en acciones para fomentar una cultura institucional de igualdad y capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.
Mientras el Ejecutivo a través de la SHyCP propone estos incrementos, otros programas tienen recortes, como el de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que pasará de 171 mdp en 2017 a 144 mdp en 2018.
Por medio de la operación de este programa la Conavim tiene la tarea de diseñar la política pública en materia de igualdad; la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género.
Este año el gasto para las “Acciones de coadyuvancia para las Alertas de Género” tuvieron un presupuesto de 23 millones 100 mil 216 pesos pero para 2018 tendrían 8 millones 245 mil 84 pesos, es decir un recorte de 64 por ciento a pesar de que hasta el tercer trimestre de este año la Conavim admitió seis solicitudes de declaratoria de AVG.
17/AGM/LGL
