Por el derecho a la tierra: nicaragüenses quieren hacer cumplir la ley

Un movimiento de mujeres campesinas que se organizó para pelear a los hombres siglos de posesión de las tierras agrícolas en Nicaragua, busca así una parcela para producir y también contribuir a la seguridad alimentaria de sus familias y de la población en general.
 
La agricultora y vicepresidenta de la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua (Femuprocan), Matilde Rocha López, dijo a IPS que desde finales de los años 80, cuando las mujeres capacitadas en la revolución sandinista se organizaron para crear cooperativas, el tema del acceso de la tierra ha sido una de las principales batallas de su gremio.
 
Según Rocha, desde 1997 la organización trabaja de forma coordinada para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres productoras del campo no sólo en lo agrario, sino también en lo económico, lo político y lo social.
 
Junto con otras 14 organizaciones gremiales, sociales y académicas, la federación de productoras rurales sumaron diversos aliados para impulsar en 2010 la aprobación de la Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género para Mujeres Rurales, conocida como Ley 717.
 
También contribuyeron a la incorporación del enfoque de equidad de género en la Ley General de Cooperativas y la participación en las Comisiones Municipales de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
 
De acuerdo a Rocha, esa incidencia les permitió a las mujeres campesinas actualizar el mapeo de actoras en las principales zonas productivas del país, fortalecer las capacidades de las productoras y capacitarlas en comunicaciones sociales y como promotoras de derechos de las mujeres para buscar recursos y tomar decisiones sin presiones de sus parejas masculinas.
 
“Para las mujeres campesinas, la tierra es vida, algo vital para la familia; la propiedad de la tierra y activos para hacerla producir están estrechamente ligados al empoderamiento económico de las mujeres, en la toma de decisiones para producir nuestros alimentos, preservar nuestro ambiente, y garantizar la seguridad alimentaria, cuidando nuestras semillas criollas para no depender de semillas transgénicas”, sintetizó Rocha.
 
LAS NICARAGÜENSES BUSCAN HACER REALIZAD LEY DE ACCESO A LA TIERRA
 
La Femuprocan es la única federación del país constituida sólo por productoras agropecuarias: más de 4 mil 200 socias organizadas en 73 cooperativas de seis departamentos del país: Madriz, Managua, Granada, Región Autónoma del Caribe Norte, Matagalpa y Jinotega.
 
El avance, para Rocha, ha sido más cualitativo que cuantitativo.
 
En 2010, cuando ellas lograron que se aprobara la Ley 717, se estimaba oficialmente que un millón 100 mil 679 mujeres vivían en áreas rurales y una mayoría de ellas carecían de propiedades y bienes propios.
 
La norma nació para otorgar apropiación jurídica y material de la tierra a favor de las mujeres rurales, para así mejorar su vida económica y equidad de género, garantizar la seguridad alimentaria y combatir la pobreza general del país, estimada entonces en 47 por ciento.
 
6 años después Nicaragua cuenta con una población de 6.2 millones de habitantes, de los cuales 51 por ciento aproximadamente son mujeres y 41 por ciento viven en áreas rurales, según datos del Banco Mundial.
 
Datos de la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua, publicada en junio por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, indica que 39 por ciento de la población sufría pobreza general en 2015.
 
En el sector urbano el porcentaje de pobreza era de sólo 22.1 por ciento, pero en el área rural se elevaba a 58.8 por ciento.
 
Datos de la organización humanitaria internacional Oxfam indican que de las mujeres rurales que trabajan en el campo en Nicaragua, solo 18 por ciento posee tierras, mientras el resto tiene que arrendarlas y pagarlas antes de la siembra.
 
“El acceso de las mujeres de Femuprocan a la propiedad de la tierra es una deuda pendiente para 40 por ciento de las afiliadas, lo que representa un total de mil 680 mujeres sin tierra”, confesó Rocha.
 
La batalla por el acceso a la tierra, agregó la lideresa, sigue siendo dura, pero su organización no desmaya.
 
“En 17 municipios del tendido territorial de nuestra federación, 620 mujeres entre líderes y promotoras trabajan en el proceso de búsqueda de tierras para nuestras afiliadas. El proceso de identificación de tierras para hacerlas producir, no sólo cuenta con las mujeres que no tienen tierra, sino con el apoyo de las que ya tienen, así como de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que nos apoyan”, explicó.
 
Una de las socias de la organización aseguró a IPS que luego de la aprobación de la ley, no ha existido voluntad política ni financiamiento económico del Estado para hacerla cumplir.
Las nicaragüenses buscan hacer realidad ley de acceso a la tierra
 
“Cuántas puertas no hemos tocado, a cuántas oficinas no hemos ido a presionar, cuántas reuniones hemos tenido y nada que nos cumplan la ley”, expresó la productora durante un viaje a Managua, que pidió ser identificada sólo como María.
 
“Lo que pasa es que todito el sistema jurídico y económico-productivo aún lo dominan los hombres y más que como competencia, nos ven como amenazas a sus negocios tradicionales”, planteó.
 
Otras organizaciones de mujeres incluso han llegado desde sus territorios rurales hacia las ciudades a protestar por la falta de cumplimiento de la ley de acceso a la tierra.
 
En mayo pasado, la presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales, María Teresa Fernández,  denunció en Managua que “ante la falta de tierras propias, las mujeres tienen que pagar hasta 200 dólares por el alquiler de una hectárea durante un ciclo agrícola”.
 
Además del pago de las tierras, las campesinas de esa organización en los últimos 2 años han enfrentado problemas ambientales como la sequía, tolvaneras, cenizas volcánicas y plagas, sin recibir el beneficio de las políticas públicas de créditos bancarios para enfrentar sus situaciones.
 
“Hace 6 años se creó la Ley 717 que manda la creación de un fondo para la compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, y aún no se ha incluido el fondo en el presupuesto general de la República para que las mujeres puedan acceder a un crédito hipotecario administrado por el banco estatal para tener tierras propias”, denunció entonces Fernández.
 
Sin un título legal de propiedad de tierra, el sistema financiero nicaragüense no otorga créditos para producción a mujeres campesinas, debilidad que el gobierno trata de paliar con programas de asistencia social como Hambre Cero, Usura Cero, Plan Techo, Patios Saludables y Programa Cristiano y Solidario (entrega de alimentos para consumo), entre otros.
 
Sin embargo para el sociólogo Cirilo Otero, director del no gubernamental Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, el apoyo gubernamental no es suficiente y reiteró a IPS que la falta de acceso de las mujeres a la tierra es uno de los más graves problemas de equidad de género en Nicaragua.
 
“Sigue siendo una deuda pendiente del Estado para las mujeres campesinas”, dijo.
 
Más allá de esta deuda de género, datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sitúa a Nicaragua como uno de los 17 países latinoamericanos que cumplieron las metas de reducción del hambre y mejora de la seguridad alimentaria durante los primeros 15 años del siglo, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 
Según el organismo, entre 1990 y 2015 el país redujo la proporción de población subnutrida de 54.4 por ciento al 16.6 por ciento.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias IPS.
 
16/JAS/LGL