Representantes de organizaciones sociales con trabajo en salud y VIH pidieron hoy cuentas a diputadas y diputados federales acerca del caso Provida, luego de que la Secretaría de Salud confirmó la entrega de 30 millones de pesos al grupo antiabortista que fueron desviados del erario público por Luis Pazos, presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública en la anterior legislatura.
Alejandro Brito, integrante de Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA, en representación de los grupos de la sociedad civil, preguntó a los legisladores si Pazos estaba facultado para asignar recursos públicos -que estaban etiquetados para combatir el SIDA-, de manera personal a organizaciones privadas y consideró que de lo contrario debe ser sancionado.
Interrogó a las y los legisladores acerca del procedimiento en la Cámara de Diputados para desglosar los recursos adicionales aprobados y sobre los mecanismos existentes del poder legislativo para cumplimentar la Ley de Transparencia.
En respuesta, el secretario de la Comisión de Salud, Rafael García Tinajero, respondió que Pazos no tenía facultar para reasignar recursos, mucho menos para instituciones privadas, lo que calificó como una irregularidad con sesgo ideológico.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ana Lilia Guillén, pidió juicio político contra Luis Pazos por designar recursos del presupuesto público al grupo «terrorista de la salud» Próvida, que rompen con el esquema de prevención y desconocen la problemática del aborto.
¿DONDE QUEDÓ LA BOLITA?
El único diputado del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), presente en la reunión e integrante de la Comisión de Salud, José Luis Treviño, sostuvo que antes de acusar hay que revisar el caso, tras reconocer que el presupuesto para el desarrollo social es insuficiente.
Al tratar de ser entrevistado por los reporteros, Treviño dijo desconocer al ex diputado Luis Pazos y respecto a las acusaciones de las organizaciones sociales dijo: » Necesitaría confirmar el desvío de recursos y contar con mayor información para poder emitir una opinión. No puedo opinar a priori».
Sin embargo, la diputada perredista Malú Micher integrante de la Comisión de Equidad y Género, confirmó la asignación de recursos a Provida como lo informó en días pasados el subsecretario de Salud, Roberto Tapia Conyer durante una reunión con esa comisión.
Advirtió que Pazos se «brincó todas las trancas» pero no lo hizo sólo sino seguramente coludido con otros diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN, por lo que lamentó que legisladores se hayan prestado a esta «transa».
Inti Muñoz diputado perredista de la Comisión de Educación Cultura, calificó de inaudito el hecho de que se hayan entregado recursos a una organización de dudosa reputación respondiendo a los intereses de un gobierno conservador.
Acusó a Provida de promover una política de la muerte oponiéndose al uso del condón y robando recursos para el combate del SIDA.
En tanto, la también diputada perredista Marcela Lagarde consideró importante seguir investigando el destino de los 30 millones de pesos, que de acuerdo con Tapia Conyer, fueron asignados a Provida para la creación de 10 centros antiaborto.
En la reunión con los diputados estuvieron representantes de las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Letra S, Salud Sexualidad y SIDA; Salud Integral para la Mujer; Equidad de Género; Fundar; Centro de Análisis e Investigación y el Grupo Interdisciplinario en Reproducción Elegida.
2003/SM/MEL
