El procurador general de la nación pidió a la Corte Constitucional declarar exequible, bajo ciertas circunstancias especiales, el artículo 122 del actual Código Penal que tipifica el delito de aborto.
Así mismo, solicitó declarar inexequible el artículo 124 del mismo ordenamiento, que establece las causales de atenuación de esta conducta.
A juicio del jefe del Ministerio Público, la tipificación y la sanción del aborto es inconstitucional cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la mujer; cuando el embarazo se haya producido sin consentimiento de la mujer, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida, y cuando exista grave malformación o enfermedad en el feto, pues sólo la mujer y no el Estado debe adoptar la decisión de seguir o interrumpir la gestación.
En este sentido, la exequibilidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, debe entenderse únicamente bajo la condición de que no sea penalizada la interrupción del embarazo en los casos anteriormente señalados, informa la agencia Rima.
En consecuencia, la atenuación de sanción penal establecida en el artículo 124 para los casos reseñados debe desaparecer del ordenamiento jurídico. El procurador general señaló que es el Congreso de la República quien debe decidir cuál es la política respecto del aborto, es decir si lo despenaliza o no de forma general.
Sin embargo, en los casos mencionados considera que el legislador no puede imponer una sanción pues ella resulta contraria a los derechos fundamentales de la mujer, en especial sus derechos a la vida, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de reproducción, a la integridad física y a no ser sometida a tratos crueles.
Además del dolor y la angustia que debe padecer la mujer por encontrarse en esas circunstancias, se ve obligada por el Estado a seguir con su embarazo o a recurrir a abortos inseguros, que son la segunda causa de mortalidad materna en Colombia y en el mundo según los informes de la Organización Mundial de la Salud.
Destacó que si bien la vida del embrión o del feto deben ser protegidas por el Estado, esta protección no puede hacerse con el sacrificio de la vida o la salud física o mental de la mujer, porque en el primer caso se trata del principio de la vida mientras que en el segundo se trata de una persona en pleno ejercicio de sus derechos y protegida por todos los tratados internacionales.
Reiteró que el Estado debe prevenir a través de la educación, la asistencia y el apoyo a la mujer y no a través de sanciones penales, ya que el aborto se queda en la clandestinidad, nadie lo denuncia o no se puede comprobar su voluntariedad, mientras que su sanción está exponiendo la vida de muchas mujeres, especialmente la de las adolescentes y las mujeres de escasos recursos económicos que no pueden proveerse un servicio médico idóneo, es decir, éste se convirtió en un problema de salud pública que no se soluciona con una política represiva.
Por tanto, solicitó a la Corte Constitucional instar al Congreso de la República para que analice la problemática del aborto en el país y determine antes que su penalización, una política de prevención que cubra todos los frentes: el educativo, el social, cultural, etc., máxime cuando está demostrado que el Estado como respuesta a esta situación sólo ha optado por la política represiva, abandonando toda política de prevención.
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