Fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres, implementar un plan nacional de prevención de la violencia de género y garantizar la adecuada investigación y sanción de los delitos en contra de mujeres y niñas, particularmente el feminicidio/femicidio, son algunas de las recomendaciones al Estado guatemalteco de las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW).
En su octavo y noveno informe sobre la situación de las mujeres en el país, el Comité manifestó su preocupación por las múltiples barreras que impiden a las mujeres acceder a la justicia, incluida la limitada cobertura del sistema de justicia en lugares remotos y las barreras lingüísticas, que actúan como disuasivos para que las mujeres no presenten denuncias.
A esto se suma el continuo estigma social, los estereotipos y la discriminación de género, particularmente de las mujeres indígenas, en las instituciones del sistema de justicia, así como insuficiente capacidad de los funcionarios para investigar y procesar los casos de alto nivel sobre violencia contra las mujeres que continúan impunes.
La falta de justicia en estos casos se debe regularmente a la corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderes no estatales ejercen sobre los jueces, incluso mediante amenazas o asesinatos, señaló el Comité.
Ante esta situación, recomendó a Guatemala garantizar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la asignación de mayores recursos, el acceso a la asistencia jurídica, la interpretación y la implementación de protocolos de atención que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, indígenas y afrodescendientes.
Recomendó además que se brinde capacitación obligatoria a jueces, abogados, personal encargado de hacer cumplir la ley y otros profesionales relacionados con el derecho de las mujeres al acceso a la justicia.
En el tema de las instituciones encargadas del tema de mujeres, el Comité CEDAW instó al Estado a que fortalezca el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), eleve la secretaría a un nivel ministerial, le asigne los recursos adecuados y que mejore su eficiencia operativa.
También que se aumente la capacidad y los recursos de la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Nacional Para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujeres (Conaprevi), y asegurar una mayor coordinación entre estas instituciones.
El Comité además recomendó implementar con carácter prioritario y dentro de un marco de tiempo específico un plan nacional para la prevención de la violencia de género contra la mujer, en el que se incluya a las indígenas, afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza y discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
En este mismo tema, pidió que se establezca un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la violencia de género contra las mujeres desglosado por edad y relación entre la víctima y el perpetrador.
La delegación que representó al Estado estuvo encabezada por Leticia Aguilar, titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), y contó con la participación de funcionarios de la COPREDEH, el Ministerio del Trabajo, de Salud, representantes del Congreso y magistradas de las altas Cortes, presentes en la sede la ONU para el EPU de Guatemala, que tuvo lugar el 8 de noviembre.
El Comité dio al Estado un plazo de dos años para informar acerca de los avances en la investigación de Hogar Seguro, la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajadores Domésticos, y la participación de mujeres rurales, indígenas y garífunas en el desarrollo e implementación de políticas destinadas a conseguir su independencia económica.
De igual manera, el Estado deberá poner en conocimiento del Comité las medidas que tome para convertir la Seprem en un ministerio dotado de recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.
Este Comité está conformado por 23 personas expertas internacionales que tienen como mandato velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento ratificado por Guatemala en agosto de 1982.
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