La Comisionada Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, exigió a representantes de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), demostrar que no tienen ningún vínculo con la delincuencia organizada de Ciudad Juárez, Chihuahua, principal causa de violencia de género en esa localidad fronteriza con Estados Unidos.
La funcionaria sostuvo que la tragedia en Ciudad Juárez, en donde desde 1993 has sido asesinadas alrededor de 400 mujeres, debe dar pie a que las autoridades federales y en particular del estado de Chihuahua, demuestren si en verdad tienen voluntad política para hacer un «pacto nacional» contra la violencia hacia las mujeres.
Guadalupe Morfín informó que esta semana dará a conocer en Ciudad Juárez el siguiente capítulo del Programa 40 Puntos del gobierno federal, para prevenir y erradicar el feminicidio en esa localidad, presentado en junio del 2003.
En breve entrevista con Cimacnoticias, Morfín Otero indicó que las «más altas esferas de la política nacional, estatal y municipal», deben rendir «testimonios éticos» de que no están implicadas con la delincuencia organizada en Ciudad Juárez, porque ese flagelo, acotó, propicia «la impunidad y el colapso del Estado de derecho».
La Comisionada Especial participó el pasado viernes en un seminario organizado por el Congreso de la Unión, para realizar reformas legales a los marcos jurídicos federal y de Chihuahua, con base en los acuerdos internacionales firmados por México para proteger los derechos humanos de la población femenina.
En dicho evento, agrupaciones de familiares de mujeres asesinadas en Juárez exigieron que se investigue la posible responsabilidad del ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio -actual coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados-, y del saliente mandatario estatal Patricio Martínez, en el feminicidio que tiene lugar en esa entidad.
Asimismo, grupos civiles de derechos humanos han denunciado la presunta participación de funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, en bandas de traficantes de menores y prostitución forzada. Tal sería el caso del ex titular de la procuraduría estatal, Jesús José Solís Silva.
Explicó que mediante el consenso de grupos civiles, empresarios, y autoridades del estado de Chihuahua y del municipio de Juárez, se evaluaron y «rediseñaron» las actividades de la Comisión Especial, así como también se agregaron otras nuevas.
2004/RM/GV/SM
