La penalización del aborto es uno de los mayores errores en la historia de las leyes y es necesario sacar ese término de los códigos penales, es preciso «liberar estos instrumentos jurídicos de la absurda encomienda histórica de regular los asuntos de la reproducción», propuso hoy aquí el sociólogo Eduardo Barraza, al presentar su libro «Aborto y Pena en México».
En el marco de la Jornada por el acceso al aborto legal que organizó el Colectivo Huaxyacac, Barraza planteó que mientras se libera al aborto es necesario hacer valer en la realidad la interrupción legal, hacerlo operable en sus aspectos de autorización, de cauce legal, de medio legítimo.
En el auditorio del cine club El Pochote, el también colaborador del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señaló que pretender regular el comportamiento reproductivo de las mujeres mediante el delito de aborto ha sido uno de los mayores y más prolongados errores cometido en la historia de las leyes.
Señaló que la práctica del aborto se ha tolerado no sólo en México sino en toda la historia de la humanidad, por ejemplo dijo que un estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el número de juicios por aborto «es verdaderamente insignificante», luego de que entre 1995 y 2001 se encontraron 51 sentencias condenatorias, lo que equivale a «la imperceptible cifra de 0.0017 por ciento del medio millón de posibles casos» de aborto.
Barraza expuso que de acuerdo con Luis de la Barreda, en los 51 casos estas mujeres eran de condición humilde que llegan a instituciones públicas de salud, donde el médico da aviso al Ministerio Público, no porque le interese que la mujer reciba castigo, sino porque quiere evadir cualquier responsabilidad en relación con lo que le ha sucedido a la mujer.
El también profesor de la UNAM agregó que la sociedad ha tolerado la práctica del aborto porque siempre se le ha otorgado a la mujer que enfrenta un embarazo conflictivo un valor muy superior al del producto de la concepción, aunque la iglesia católica reprobara oficialmente el aborto a finales del siglo XIX.
El autor del libro Aborto y Pena en México sostiene que en el último cuarto del siglo XX a las mujeres se les reconoció un nuevo valor social en forma de derechos humanos y se comenzó a defender y fomentar su autonomía, ya no se les valora sólo por su capacidad reproductiva sino también por los atributos de su dignidad humana.
El investigador indicó que en México hay salvedades que disuelven el delito de aborto, en 187 eran dos, actualmente son siete y fue en 1931 cuando se legitimó el aborto por violación y agregó que sería insensato que el Estado cometa más violaciones contra las mujeres que han sido víctimas de injusticias.
Por ello, añadió, cada nueva excluyente de responsabilidad penal, es una confesión tácita de que los códigos penales son medios inapropiados para normar los asuntos de la reproducción, por lo que cada nueva forma de aborto legal que se acepta es un intento por corregir lo errado.
Sin embargo, aseguró que donde más clara y dramáticamente se advierte la deformación a que conduce la penalización del aborto es el resultado social que ha generado, una especie de efecto secundario que deriva de la amenaza de un castigo que no opera en la realidad y que ha tenido consecuencias funestas para la salud y la vida de cientos de miles de mujeres.
Recalcó que la penalización del aborto ha favorecido un mercado de servicios clandestinos y médicamente inseguros, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, son la tercera o cuarta causa de muerte materna en México y que según datos de GIRE al menos mil mujeres mueren cada año por abortos mal practicados.
Ese espacio de ilegalidades generado por la penalización del aborto crea dos clases de abortos clandestinos, los seguros que sólo pueden pagar las mujeres con recursos y los inseguros a los que acuden las mujeres pobres, la inmensa mayoría, por lo que el aborto se convierte en una herramienta de discriminación social.
Concepción Núñez Miranda, investigadora y docente de la Universidad Pedagógica Nacional, señaló que efectivamente el aborto es un delito que no se castiga y si fuera así llevaría implícito el signo de la desigualdad, en el Penal de Santa María Ixcotel, ninguna de las 110 mujeres detenidas está en la cárcel por haber cometido este delito, dijo.
Al hacer los comentarios del libro Aborto y Pena en México, destacó la propuesta del autor Eduardo Barraza, quien apunta que la penalización del aborto penetra a la realidad cultural y social, es decir, es una forma más de control social hacia las mujeres que se sostiene por la amenaza.
Aunque reconoce que el discurso penal no es inocuo, ya que causa sufrimiento y muerte, pues ante la privación de la libertad trae como consecuencia el aborto clandestino, que provocan el deterioro de la salud y la muerte de cientos de mujeres.
Destacó la propuesta de Barraza en el sentido de que el aborto es una muerte para preservar la vida y no un crimen y que la vida es mucho más, muchísimo más que sobrevivencia, por lo es necesario tratar el tema en el ámbito de los derechos civiles y humanos.
2004/SJ/LR
