La entrega de expedientes de las indagatorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios se convirtió ayer en un acto de carácter protocolario, en el cual las autoridades mostraron el tono de las investigaciones en torno al feminicidio de Juárez: desinterés oficial.
El evento fue una muestra de que persiste la idea de prolongar la indiferencia ante el feminicidio, la impunidad y la violación de los derechos humanos de la población femenina que desde 1993 han tenido lugar en el norte del país.
Luego de recibir la documentación en la sede de la CNDH, la titular de la Fiscalía, dependiente de la subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), María López Urbina, declinó responder cuestionamientos con respecto a las investigaciones.
La fiscal no declaró si habrá acción penal en contra de funcionarios que obstaculizaron las indagatorias, ni tampoco si atraerá todos los casos de asesinatos y desapariciones que demandan familiares de las víctimas.
En ese contexto, los documentos contenidos en 25 cajas, que sustentan el Informe Especial presentado en noviembre pasado por la CNDH, fueron recibidos por López Urbina, quien sólo ofreció revisar minuciosamente «y en el ámbito de su competencia, toda la información recabada».
Los expedientes con las indagatorias, elaborados por los visitadores de la CNDH durante 10 meses de 2003 a partir de la queja 555/2003, contienen información relativa a 263 homicidios, así como la información recabada acerca de la existencia de cuatro mil 587 reportes de mujeres desaparecidas.
La CNDH emitió en 1998 la recomendación 44/98, atendiendo la petición de familiares de las víctimas y de agrupaciones civiles, quienes señalaron que el silencio en este caso constituía una forma de desinterés. Hasta las autoridades locales han hecho caso omiso de la recomendación.
Las familias de las mujeres asesinadas y desaparecidas han solicitado que las autoridades federales, estatales y municipales inicien las investigaciones para localizar y castigar a los responsables.
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