NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Esperan una discusión pública del tema
ONG llaman a mesura ante iniciativa de intervención militar
Integrantes del colectivo "Nos Hacen Falta" realizó una manifestación en la explanada del Monumento a la Revolución para exigir la presentación de cerca de 30 mil personas desaparecidas a 10 años de iniciada la llamada "Guerra contra el narcotráfico". CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/12/2016 El Proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional que se discutirá en la Cámara de Diputados propone la militarización del país, por lo que organizaciones civiles exigieron a los legisladores que la iniciativa se analice antes de ser aprobada. 
 
En un pronunciamiento público organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, urgieron a una discusión pública sobre esta propuesta legislativa.
 
La Ley Reglamentaria para regular la restricción o suspensión de derechos y garantías se aprobó en el Senado, y será debatida en la Cámara de Diputados, por lo que a decir de los grupos de activistas es necesario que la norma incluya controles y contrapesos para evitar un uso arbitrario del poder.
 
Según estas agrupaciones es grave el saldo que dejó el despliegue de las fuerzas armadas para hacer frente al narcotráfico, una estrategia implementada a partir de 2006 por el entonces titular del Ejecutivo, Felipe Calderón.
 
En estos 10 años, la sociedad civil calcula que se han acumulado más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los casos de feminicidio aumentan con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares.
 
En el pronunciamiento, también firmado por Equis Justicia para las Mujeres, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, las agrupaciones consideran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que continuó el gobierno de Peña Nieto, es equivocada.
 
“El endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”, dijo.
 
A esto se suma que el sistema de juicios orales que entró en pleno vigor este año, está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía de prácticas como la tortura, incluso las Policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace 10 años, refirió.
 
La dependencia del Ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.
 
Para las agrupaciones preocupan las iniciativas legislativas encaminadas a normalizar la presencia e intervención militar en el país, porque así pretende regular lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública -desde patrullaje, detenciones y hasta la investigación del delito-.
 
Ante ello, estas organizaciones critican las propuestas legislativas de Seguridad Interior del senador Roberto Gil Zuarth (PAN) y por el diputado César Camacho (PRI), que avalarían la presencia del Ejército en las calles.
 
Cualquier propuesta de regulación del Ejército, coinciden activistas, debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México (ACNUDH) e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable. Requiere estar acompañada por una Ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.
 
Por ahora el proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política mexicana no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos en la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción.
 
También consideran grave que el proyecto asuma que las fuerzas armadas y el Ejecutivo se autovigilarán y limitarán en el uso de la fuerza, aunque la sociedad civil no puede negar la situación de inseguridad en algunas entidades, aseguran que la presencia militar y el estado de excepción no son un buen camino para lograr la paz.
 
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