El incumplimiento de México a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sería un rechazo a la convención americana que sobre la materia fue ratificada por las autoridades del país, aseguró hoy Edgar Cortés, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Cortés, quien dirige uno de los más influyentes organismos de defensa de derechos humanos de México, reaccionó así a la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en materia de Procesos Penales, con sede en la ciudad de Toluca, en el sentido de que el incumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH no es materia de amparo.
El pronunciamiento del tribunal está relacionado con el juicio de amparo que interpuso el general José Francisco Gallardo el 19 de febrero de 2001 ante el incumplimiento por parte de diversos órganos del gobierno mexicano de las recomendaciones formuladas por la propia CIDH en 1996.
La CIDH, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido al gobierno mexicano cuentas sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, los asesinatos de varias indígenas tzeltales que fueron violadas por integrantes del ejercito mexicano, así como del homicidio de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, ocurrido en el año 2001.
Para Edgar Cortés, más allá de discutir el recurso del juicio amparo como vía para buscar el cumplimiento de las recomendaciones o sentencias emitidas por órganos para asegurar la protección internacional de los derechos humanos, la decisión del Tribunal, debe ubicarse en el contexto político del país.
Si lo ubicamos en un contexto en que el Estado mexicano, a través del Poder Ejecutivo ha asumido ante la comunidad internacional el compromiso de acatar las recomendaciones en materia de derechos humanos, «dicho compromiso no se reduce a un solo Poder o un sólo órgano, debe ser cumplido por todos los órganos y poderes estatales», destacó.
Lo contrario, afirmó, equivaldría a que el Ejecutivo estaría hablando y comprometiéndose a nombre propio mas no en representación del Estado mexicano, contraviniendo incluso sus facultades constitucionales.
BREVE HISTORIA DE LA CIDH
Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaran violaciones a los derechos humanos. Hasta 1997 ha recibido más de 12 mil casos de diversos países.
En 1969 fue aprobada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a septiembre de 1997, por 25 países, entre ellos, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana y Ecuador.
La Convención define los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Se crea además la Corte Interamericana de Derechos Humanos y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH.
RGL/MEL
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