Aunque el Estado no las ve, las que encabezan la organización de los movimientos más importantes del país son las mujeres.
La población rural de Argentina constituye el 11 por ciento, las y los campesinos se organizan para pelear por el derecho a la tierra, el acceso al agua potable y caminos transitables, y en esa gestión están siempre las mujeres.
«El cordobés llegó y dijo que ese lote era de él, que lo había comprado, sin embargo, no mostró ningún papel», dice Dionisia Salto perteneciente al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MO.CA.SE).
Cuando la mujer quiso hacer la denuncia en la policía de Bandera Bajada, en el Departamento de Figueroa, a 200 kilómetros de la capital santiagueña, le dijeron: «si él dice que es dueño, por algo será, tendrá papeles».
El problema de la tierra es uno de los principales con que se enfrentan las y los campesinos de todo el país, pero no es el único. Como Dionisia, las mujeres están teniendo cada vez más protagonismo en la pelea diaria por la subsistencia.
Con ellas, otros temas empezaron a debatirse en los campos del norte y sur del país: derechos ciudadanos, independencia económica, acceso a educación para sus hijos.
Dionisia pudo probar que ella y su familia vivían ahí hace tiempo. «Mi mamá tenía los papeles de mis abuelos, son recibos del pago de cañón de riego de 1921 y ahí tenemos la prueba que ella es la dueña de la tierra», dice la mujer.
No es el caso de la mayoría de los campesinos, que se reconocen como pobladores porque hace años viven en esas tierras aunque no cuentan con escrituras de sus propiedades.
Según el censo nacional de población de 2001, las provincias con mayor porcentaje de población rural tienen son Santiago del Estero con un 34 por ciento de su población, Misiones con el 30, Catamarca con 26 y Formosa, 21 por ciento.
A partir de 1980 y en distintas zonas del país, comenzaron a surgir organizaciones representativas del sector cuyos objetivos fueron acompañar, promover y defender las luchas de los campesinos.
Así nació un movimiento social capaz de tener entidad política para que el campesino sea reconocido como un actor social con derechos, como son los casos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, la Red Puna de Jujuy, Organización de los Valles Calchaquíes de Salta y el Movimiento Campesino de Córdoba, entre otras.
Instrucción escolar, cobertura médica, viviendas dignas, acceso al agua potable y caminos, son los primeros puntos que los campesinos reclaman, aunque el problema más importante es la tenencia precaria de la tierra.
El MO.CA.SE nació como organización a principios de 1990 y es uno de los referentes más importantes de la lucha campesina por la tierra en Latinoamérica, no sólo por el nivel de organización que llegó a alcanzar con más de 45, sino también por la fuerte oposición que hizo del régimen político del caudillo justicialista Carlos Juárez, que duró más de cinco décadas en esa provincia.
En los últimos años, los enfrentamientos entre empresarios y campesinos por las tierras se agravaron en la provincia santiagueña, a causa de la falta de una política agraria que regule la posesión de las tierras, la mora en la justicia y el avance de la frontera agropecuaria.
Es por eso que periódicamente se presentan personas foráneas como dueñas de las tierras con la pretensión de desalojar a los campesinos de sus posesiones o de impedirles el trabajo, con lo que se producen permanentes situaciones de conflicto.
LAS MUJERES SIN MIEDO A NADA
Las dinámicas del capital y del conflicto por las tierras generan que el movimiento de mujeres rurales se amplifique en números y que oponga resistencia en el campo con su propio cuerpo. «Son ellas las que salen primerito para frenar las topadoras», reconoce Juan Herrera del Movimiento Campesino de Córdoba.
«Cuando se ponen al frente de la movilización hasta los más machos les tienen miedo, porque un hombre se afloja cuando ve una mujer con tanta fuerza, que encara y está dispuesta a todo, hasta a morir por defender la tierra de su familia».
Derechos ciudadanos, independencia económica, acceso a educación para sus hijos, son los ítems que atraviesan las realidades de las mujeres del campo en el norte y sur del país.
María Guadalupe Tolaba, de la Red Puna, dice que «las mujeres se van animando a participar de otros espacios». Y recuerda: «si antes le preguntaba a los hombres si las mujeres participaban en las reuniones de capacitación, ellos decían ‘si claro que participan, vienen y cocinan para todos’. Ahora nosotras nos sentamos y discutimos nuestras ideas igual que todos».
La Red Puna comenzó su trabajo en la provincia de Jujuy con temas de sanidad animal, creando botiquines para las comunidades, gestionando tanques de agua, paneles solares a falta de electricidad, entre otras actividades productivas.
Desde el año 2000, cuando la organización comenzó a crecer, se profundizó el tratamiento de temas como la salud de la familia, el maltrato y la violencia familiar y la salud reproductiva.
A pesar de los cambios de la participación de la mujer en los últimos tiempos, el Estado argentino no las reconoce aún como destinatarias de sus programas de asistencia técnica, ya que siempre son los varones los que se benefician de capacitación, apoyo a la organización, entre otros servicios.
El reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en las actividades domésticas y productivas es lo que ha motivado a un grupo de investigadoras a analizar la situación de las mujeres en el campo, relevando casi 300 grupos.
El estudio lo realizó la Red de Técnicas e Instituciones que trabajan con mujeres rurales (Red TRAMA), en el marco de una convocatoria del Programa de Alivio a la Pobreza Rural (PROINDER) dependiente de Agricultura de la Nación.
El estudio revela las condiciones de exclusión de las mujeres campesinas en las agendas de políticas públicas, la directa relación que existe entre su condición y posición como mujeres y su ámbito de residencia, vida y trabajo; considerado de relativa importancia y con poca incidencia de presión para el ámbito político, situación que refuerza su invisibilización.
Y las cifras no mienten: las mujeres que fueron encuestadas caminan un promedio 35 kilómetros para llegar a un hospital ya que no tiene recursos humanos y/o materiales, y el 60 por ciento de los grupos manifestó tener dificultades de acceso a los centros de salud.
Los datos se agravan: ya que la mayor parte de las mujeres analizadas aparecen dentro de la categoría de inactivas, asimilándolas a los/as jubilados/as, estudiantes y enfermos/as o discapacitados/as.
Esto demuestra que las actividades domésticas de las mujeres no son reconocidas como parte de los ingresos de las agriculturas familiares y de la dinámica económica del área rural.
En la mayoría de los casos, las mujeres rurales son productoras de cultivos y animales para el consumo familiar y la producción que sobra es para el mercado.
«Los programas del Estado – dice la investigadora Cristina Biaggi – tienen una actitud de ‘nosotros no tenemos problema en que las mujeres sean beneficiarias, pero no hay una estrategia definida para que los beneficios sean equitativos'».
Esto significa que los programas no reconocen a las mujeres como un grupo en desventaja, en términos de su nivel de vida y del acceso y control de los recursos económicos, dificultando su participación en la organización, ya que les requiere en la mayoría de los casos, triple jornada laboral».
INVISIBLES PARA EL ESTADO
La creciente tendencia a la conformación de grupos revela que las mujeres campesinas encuentran en esos espacios un lugar para informarse, debatir, socializar y fortalecer su autonomía y autoestima.
«Las mujeres reconocen que una organización puede ser una salida a sus problemas, así lo demuestra la gran diversidad de actividades que realizan, siendo más significativas las económico productivas que las vinculadas con lo doméstico reproductivo», apunta la investigadora Cecilia Canevari.
Agrega que «generalmente, las mujeres no tienen libertad para salir de su casa, cuando lo desean y tienen que delegar responsabilidades y se produce la primera ruptura y la primera conquista del espacio público».
Y en este sentido, cuando las mujeres reclaman sobre situaciones domésticas o la problemática de su comunidad, se convierte en un valioso referente para el resto, logrando posicionarse en la escena pública.
«Tienen un importante compromiso de acción ciudadana en sus comunidades, ya que son ellas las que articulan las relaciones entre las diferentes instituciones públicas y las comunidades y pueden visualizar con claridad los complejos problemas de estos ámbitos, ahora falta que sean reconocidas como sujetos políticos de acción y no solo de demanda», dice una de las técnicas del relevamiento, Silvia Borsellino.
Eugenia Gutiérrez es una de las pocas mujeres campesinas que pudo ocupar un cargo público en su municipio. En el año 2003 Salomón Zerda fue electo intendente de la ciudad jujeña de Abra Pampa y le ofreció a Eugenia, presidenta de la Cooperativa Puna, organización que integra la Red Puna, el cargo de Secretaria de Gobierno.
«Acepté pero al poco tiempo me sentí mal, porque todas las cosas que quería hacer y las ganas que tenía de emprender cosas, se quedaban allí, porque el legislativo no nos acompañaba; sufrí mucho, sentía que desde la organización podía hacer más cosas por mi comunidad», cuenta.
Eugenia duró un año en el cargo. Ahora es Directora de Desarrollo Social, donde confesó se siente más a gusto. «La verdad que el hecho de ayudar a la gente y trabajar junto con las ONG me hace sentir más satisfecha, pero veo diariamente que el Estado no diseña políticas para nuestro sector, siempre gobierna para la ciudad, pero nunca se ocupa del campo».
2005/ME/SJ
