La desnutrición y el hambre son una forma silenciosa de masacre que cada segundo mata a un menor de 10 años en el mundo, aseguró el investigador de la Universidad Central de Barcelona España, Gerardo Pisarello.
Al participar la noche del martes en la mesa redonda Derecho a la Alimentación y Crisis del Campo Mexicano, el investigador señaló que existen más de 815 millones de personas en el mundo que padecen hambre y desnutrición crónica.
El profesor español de Derecho Constitucional denunció que cada año, cerca de 36 millones de personas mueren a causa de estos males y el 80 por ciento de esas muertes son de mujeres y menores, dijo el académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aquellas personas que logran sobrevivir a la desnutrición y el hambre lo hacen «de forma lamentable» ya que sus células cerebrales no se desarrollan por lo que padecimientos como la ceguera, debilidad y discapacidad, así como todo tipo de enfermedades se conviertan en algo normal para ellas.
El jurista español denunció que los derechos a la vida, la integridad física y la alimentación son violentados todo el tiempo incluso «en el rincón más escondido y olvidado del mundo».
La solución del problema del hambre y la desnutrición en el mundo, aseguró Pisarello, no es un asunto de carácter social o de imposibilidad jurídica, sino de voluntad política.
Como ejemplo señaló que después de la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996 en Roma, Italia, hay pocos avances en la materia.
Por su parte, la activista en derechos humanos, Alicia Carriquiriborde, consideró que la soberanía alimenticia en México está en riesgo ya que «en la actualidad no tenemos un recurso legal para demandar el cumplimiento del derecho a la alimentación».
El investigador del IIJ, Antonio Caballero aseguró en tanto que «de poco sirve que muchos derechos sociales estén garantizados en la Constitución porque no hay mecanismos que permitan hacerlos efectivos».
Recomendó que el acceso a los tribunales para obligar a las autoridades administrativas a hacer efectivo el derecho a la alimentación, sea un asunto fundamental para la sociedad y las autoridades.
2003/MM/MEL
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