Hace 30 años, el 19 de junio de 1975, mujeres de todo el mundo se dieron cita en México para participar en la Primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, el histórico encuentro que marcó el inicio de un diálogo mundial por el reconocimiento de los derechos de la población femenina.
Con la participación de 133 estados parte de la ONU, la Conferencia tuvo como sede a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y constituyó un importante triunfo para los movimientos de mujeres, cuya lucha por incluir el tema de la situación de la mujer en la agenda internacional inició en el siglo XIX, mucho antes de la creación de las Naciones Unidas.
Asistieron, además, países observadores, que todavía no eran miembros de la ONU, representantes de todas las oficinas y organismos de las Naciones Unidas, organismos internacionales e intergubernamentales, como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los temas de la agenda no eran muy diferentes de los que siguen discutiéndose actualmente en las conferencias mundiales y regionales sobre la mujer: empleo, salud, familia, integración al desarrollo, educación, participación política, población, vivienda y la situación de las mujeres rurales.
Pero tres décadas después de ese primer encuentro, las mexicanas no tienen demasiados motivos para celebrar: la violencia feminicida ha dejado más de 400 víctimas en Ciudad Juárez y se extiende por el país.
Por otro parte, el acceso universal a los servicios de salud es todavía una promesa incumplida y persisten brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en rubros como el salario, el acceso al empleo y la participación política.
En la capital del país, de acuerdo con el Instituto de la Mujer del Distrito Federal, 50 por ciento de la población femenina reconoce haber sufrido violencia intrafamiliar, situación que, en 80 por ciento de los casos, comienza entre el noviazgo y el tercer año de vivir en pareja; uno de cada tres hogares es jefaturado por una mujer y el sector mantiene su triple tarea de ser mujer, madre y trabajadora. .
En el plano nacional, el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), ha señalado como uno de los problemas de género más significativos el del acceso a la justicia, particularmente en zonas rurales e indígenas, donde a la violencia que se ejerce contra las mujeres se suma la impunidad.
El panorama no es más alentador en la región. Apenas el 8 de marzo pasado, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) dio cuenta de los retos existentes y, entre ellos, la violencia contra la mujer como uno de los más urgentes por atender.
Rebeca Grynspan, directora regional del organismo, sostuvo entonces que pese a los avances registrados en las últimas décadas, las mujeres en Latinoamérica padecen desigualdades en sus relaciones económicas, políticas y de pareja que son impropias del siglo XXI.
Destacó que en 17 países de la región, la pobreza es mayor en las mujeres que en los hombres; el acceso al mercado de trabajo es apenas la mitad de la participación de los hombres y las brechas salariales aún son muy grandes, en especial cuando el nivel educativo es mayor.
En el ámbito de la participación política, afirmó, existen importantes desigualdades y citó como ejemplo el hecho de que sólo en tres países (Cuba, Costa Rica y Argentina) los parlamentos cuentan con una tercera parte de representación femenina. En México, apenas llega a 20 por ciento, pese a que la recomendación de la ONU es de 30 por ciento.
Cifras de CEPAL señalan que la representación de las mujeres en los órganos legislativos de 31 países de la región pasó de 10 por ciento en promedio en 1990 a 15.5 por ciento en 2003.
El organismo alertó que, para finales de 2005, 50 por ciento de la población en la región estará constituida por mujeres, de las cuales la mitad participa en el mercado de trabajo, enfrentando la inequidad en materia salarial, pues perciben el equivalente a 68 por ciento de los sueldos que reciben los hombres.
TOMA DE CONCIENCIA, EL PRINCIPAL AVANCE
«Ha habido avances, pero aún en los avances hay matices. Se habla de que las mujeres participan más en la vida política y en la economía del país, pero hay que preguntarse en qué condiciones lo hacen y por qué», advierte la embajadora eminente Aída González, quien participó en la organización de la Conferencia de 1975.
Destacó que las mujeres se han incorporado a la economía del país por necesidad, pero no ganan lo mismo que los hombres; que hay una mayor participación femenina en la actividad política, pero hay que cuestionarse, dijo, si esa irrupción tiene un impacto en la toma de decisiones.
«El principal avance de la conferencia fue la toma de conciencia. Las mujeres nos dimos cuenta de que éramos discriminadas y que había que cambiar esa situación y, aunque sí ha habido cambios, no podemos darnos por satisfechas», consideró.
Son 30 años de lucha de un encuentro histórico por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, una lucha que todavía no termina.
2005/LG/SJ
