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Lo que la voluntad política puede lograr

Por Margarita Guillé

Hay varias cosas que sorprenden de la recién aprobada Ley Integral contra la Violencia de Género en España y que ponen de relevancia la madurez y lealtad a su democracia: En primer lugar que se aprobara por unanimidad. Era la primera iniciativa del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que no perdió oportunidad para estar presente en el Congreso el día de la votación. Llama la atención que se emitieran 320 síes de 320 votos posibles sobretodo porque su aprobación sucede el 7 de octubre, tan sólo semanas antes de que Aznar y el propio Zapatero comparecieran ante la Comisión del 11-M -para explicar los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid que revirtieron la votación para reelegir a Aznar favoreciendo a Zapatero y donde el gobierno español atribuyó el atentado a la ETA en un principio para luego reconocer que había sido una célula terrorista de Al Quaeda-.

Llama la atención porque los congresistas resistieron a la tentación de entorpecer la salida de la ley y pese a los conflictos y presiones entre partidos, éstos no impidieron que entre aplausos de júbilo, se aprobara la tan necesaria Ley Contra la Violencia de Género.

Por asuntos mucho menores, en México se ha entrampado la actividad de la actual legislatura. En el primer periodo por el conflicto Madrazo-Gordillo y ahora por el conflicto PAN-PRD, Bejarano, Ahumada, los videoescándalos o las reformas al artículo 122.

En ambos países, el conflicto ha sido la sucesión presidencial pero formas distintas. En España sin embargo, no hubo necesidad de operación cicatriz, ni de reconciliación partidaria, en México urgen señales de vida política sana.

Los congresistas, a diferencia de nuestros diputados, legislan pensando en el beneficio real de sus representados. No tienen un escándalo internacional pendiente por resolver como México con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y sin embargo su Presidente se comprometió en campaña y su primer acción de gobierno fue tomar medidas definitivas para acabar con la violencia de género, por eso no sorprende que Zapatero considerara a esta nueva Ley como un «poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal», está muy conciente de que en su país como en todo el mundo, los homicidios dolosos contra mujeres suelen ser cometidos en su mayoría por sus parejas o ex-parejas. En México por ejemplo, más del 50% de los homicidios de mujeres están en esa categoría.

Esta ley, que podría entrar en vigor en enero, incluye un agravante penal cuando la víctima es una persona especialmente vulnerable, como ancianos, niñas o niños, o personas con discapacidad.

El proyecto inicialmente propuesto por el PSOE, impulsaba lo que llaman una discriminación positiva donde se agravaba el delito para casos de violencia doméstica ejercida por los varones. Sin embargo a contrapropuesta de una diputada del PP, este agravamiento incluirá también a las mujeres violentas.

Es decir, el delito se agrava si quien ejerce la violencia está en una situación de poder o ventaja sobre la víctima. Finalmente, considerando a la mujer como una persona vulnerable todavía en esta sociedad, se acordaron penalidades distintas de acuerdo a quien cometa el delito.

Serán más graves cuando sea un hombre quien ejerza violencia contra su pareja mujer. De manera que un golpe con ensañamiento o que requiera atención médica, tiene una pena de 2 a 5 años si quien ejerce la violencia es varón. Si es una mujer quien agrede a su marido el castigo es de seis meses a tres años de prisión. Así sucesivamente se castigan otros delitos como malos tratos, amenazas, coacciones, etc.

Esta discriminación afirmativa dará mucho de qué hablar, especialmente tras la aprobación en el Senado. Se trata de un concepto novedoso y polémico que pone en aprietos a la ética y a la tesis de la equidad.

Pretende compensar por ley, el desequilibrio, discriminación e iniquidad que enfrentan las mujeres en la sociedad o en su casa con la finalidad es erradicar la violencia en su contra.

En el año 2003, fueron asesinadas 53 mujeres en España. En México creemos que fueron muchas más, tal vez 200 pero no se tienen registros oficiales, salvo los cerca de 400 homicidios en Juárez en 10 años, en cuyas cifras no se ponen de acuerdo las instancias involucradas, de cualquier forma en la península ibérica, esa cifra fue lo suficientemente alarmante como para involucrar a los diversos sectores del gobierno, incluyendo a los medios de comunicación, en desactivar la violencia contra las mujeres.

Múltiples medidas de política pública se habían tomado ya para combatir este problema de justicia social, pese a ello los índices de crímenes de género no han disminuido, este año tendrá una cifra mayor que el anterior, hasta octubre de 2004 son 55 las mujeres asesinadas en ese país.

Con la nueva ley se pretende revertir esa tendencia al mejorar las casas de acogida o refugios para mujeres con violencia, hacer eficaces los servicios de atención a la salud y lesiones, mejorar la puntualidad de los registros, juzgados y fiscalías especializados, así como brindar protección policial individual.

También busca, dar facilidades de cambio de residencia y de cambio de empleo sin perder los derechos laborales a las víctimas y educar en las escuelas para la prevención.

Finalmente crear un órgano rector que vincule, vigile y articule todos los esfuerzos gubernamentales para un día poder terminar al fin con la violencia a las mujeres.

No sólo la transición democrática española es digna de admirarse, también lo es la civilidad y lealtad a los compromisos de justicia social y equidad de sus representantes en el Congreso.

Un ejemplo de consolidación democrática que trasciende las promesas y discursos políticos. En México, hoy no sabemos cuantas mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va del año, ni en los años anteriores, insisto.

Me parece que lo que hace falta, es que nuestros políticos tomen con seriedad sus propias promesas y discursos que difunden cada 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia a las Mujeres.

Urge que las diputadas y diputados legislen en México de manera clara y etiqueten presupuestos para atender y acabar con la violencia hacia las mujeres, todavía hay estados que no cuentan con una ley de violencia.

Aguascalientes es uno de ellos. Vale decir que de nada sirve una ley si no hay políticas públicas que la cobijen. Mirar con atención el caso español puede dar una luz sobre la forma en que México puede hacer su propio proceso.

Esperando que algún día sigamos el ejemplo de países exitosos y podamos con orgullo imitar a Islandia, que en el año 2000 no tuvo un solo caso de homicidio a una mujer.

*Presidenta de Mujer Contemporánea. Aguascalientes

2004/MG/LR

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