El aumento de la pena para las mujeres que abortan y en especial para quienes causan la interrupción del embarazo, fue una propuesta del legislador del grupo Unidad Nacional, José Barba Caballero.
La iniciativa legislativa generó el rechazo inmediato de diferentes organizaciones de mujeres que demandan políticas públicas eficientes para enfrentar el aborto como un problema de salud pública que causa la muerte de miles de peruanas.
Según el congresista Barba Caballero, el endurecimiento de penas contribuirá a disminuir el alto índice de abortos que se registra en Perú. Actualmente en ese país se producen cerca de 300 mil interrupciones de embarazo cada año. La mayoría de mujeres que recurren a esa medida son adolescentes y jóvenes que se embarazan sin desearlo.
El proyecto de ley del parlamentario Barba Caballero plantea la modificación de artículos del Código Penal vigente, para castigar con penas de dos a cuatro años de cárcel a las mujeres que decidan abortar.
Asimismo, quien cause una interrupción del embarazo con consentimiento de la gestante, puede ser condenado desde cinco a ocho años de prisión.
Pero cuando el aborto se produce sin la anuencia de la mujer puede ser privado de la libertad hasta en diez años. Si sobreviene la muerte de la embarazada, la sanción puede llegar a quince años.
Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer consideran fuera de lugar la iniciativa del congresista Barba Caballero, puesto que el Estado peruano ha reconocido ya al aborto como un problema de salud pública y como principal causante de muerte materna.
Indican además que no es con medidas punitivas como se disminuirá o erradicará la práctica del aborto, sino con políticas públicas integrales y multisectoriales que contribuyan a evitar los embarazos no deseados.
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