Organizaciones civiles se congratularon «con la decisión tomada por la Secretaría de Salud y la Comisión Interinstitucional del Sector Salud para que las mujeres de México tengamos mejores condiciones y mayores opciones para el ejercicio de nuestra ciudadanía».
En un desplegado de prensa, señalaron también que «las pastillas de emergencia como parte del Cuadro Básico de Medicamentos contribuirán a evitar embarazos no deseados y abortos; con ello se están ampliando las posibilidades de acceder al derecho constitucional de decidir el número y espaciamiento de hijas e hijos a tener».
«Con esta acción –concluye el comunicado- la Secretaría de Salud atiende responsablemente una demanda legítima de la sociedad».
En un comunicado aparte, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Fundar; Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, y Salud Integral Para la Mujer (SIPAM), llamaron al gobierno nacional y a los gobiernos estatales a garantizar la adquisición, el abasto eficiente y oportuno de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE), así como la difusión para que las mujeres conozcan método anticonceptivo y tengan, en la realidad, acceso a él.
Dichas organizaciones, que a través de un proceso de fiscalización ciudadana descubrieron el año pasado las irregularidades por más de 30 millones de pesos en las que incurrió Provida, señalaron que es indispensable el compromiso y la voluntad política de los gobiernos de cada entidad para que destinen los recursos suficientes en el cumplimiento de una medida que reafirma los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En este sentido, exhortaron al Ayuntamiento de Veracruz para que rectifique su postura de no distribuir la anticoncepción de emergencia, y considere los argumentos científicos en los que se basa la decisión gubernamental federal.
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