La nueva normativa de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –organismos internacionales al que podrían organizaciones sociales enviar los casos de Paulina y las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez– permitirá que la mayor parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de ser escuchadas por el más alto tribunal de América.
Los cambios en el reglamento confieren mayor importancia a la posición de la víctima en el proceso, otorgándole mejores posibilidades de reparación de daño y simplifica en mayor medida el procedimiento, cambiando el sistema de litigio de los casos, lo que marca un hito en el sistema interamericano.
De acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) las reformas reglamentarias representan nuevos desafíos para las organizaciones no gubernamentales, las víctimas, sus representantes, los Estados y los propios órganos del sistema.
Sin duda, estas reformas permitirán que las víctimas y sus representantes adquieran un papel fundamental en el desarrollo del proceso, dando mayores posibilidades de acceso a la jurisdicción de la Corte asegurando de esta manera la posibilidad de obtener una sentencia en favor de la víctima.
Ante la posibilidad de que un buen número de casos sea sometido ante la Corte, los Estados tendrían mayores incentivos para involucrase activamente en la búsqueda de soluciones amistosas en el ámbito de la Comisión.
Al respecto, el CEJIL considera que si bien se ha avanzado con esta reforma reglamentaria en la protección de las personas, existen obstáculos que podrían atentar contra una protección regional efectiva.
El primero, señala, podría ser la profundización de una tendencia restrictiva de acceso al sistema, a fin de controlar el aumento de demandas.
Por otro lado, se advierte la falta de recursos, pues la protección internacional regional, el acceso a la Corte y la representación independiente de las víctimas serían sólo un compromiso en papel si no aumentan sustancialmente los recursos de los órganos del sistema para poder afrontar el incremento en el volumen de trabajo, y si no se establece un sistema que permita solventar los costos del acceso para las víctimas y sus representantes.
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