Las mujeres en América Latina están más protegidas en lo legal que en la práctica, señaló la abogada Julieta Lematre, tras señalar los avances legislativos que incrementan las penas por delitos sexuales, abaten la discriminación y garantizan la igualdad desde las constituciones.
«Tenemos una disparidad entre algunas leyes que en general están más avanzadas respecto a la igualdad de la mujer y una práctica donde estas leyes no se hacen realidad. Entonces hay un problema regional que en general las leyes no se aplican», enfatizó.
En el trayecto del dicho al hecho están los jueces, quienes suelen interpretar las leyes de manera restrictiva y discriminatoria, y a la decisión judicial le inyectan prejuicios sexistas, expuso.
Julieta Lematre participó como ponente en el panel «Los derechos reproductivos de las mujeres en un mundo globalizado: ¿son una realidad? El caso latinoamericano» en el marco del Noveno Foro Internacional de AWID: Reinventando la Globalización.
«La regla general es que son jueces machistas que tienen una idea negativa de la sexualidad y que son homofóbicos y prejuiciosos, lo que se refleja en sus decisiones judiciales», lamentó la coautora del libro «Cuerpo y derecho» editado por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas de Colombia.
Criticó que el papel de los jueces no se base sólo en la aplicación de la ley sino también en su interpretación, debido a las ambigüedades y vacíos de la misma; los juzgadores terminan reproduciendo prejuicios y como ejemplo citó a un juez mexicano que señaló que el honor del marido depende de la castidad de la mujer, o en caso de corrupción de menores donde han dicho que no se consuma la corrupción porque el menor no siente placer.
En la búsqueda de alternativas, puso a consideración de las abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y activistas en general presentes en el panel, el imitar experiencias exitosas como la del «litigio de impacto» que ha funcionado en Estados Unidos.
«Es una estrategia de muchas activistas que ha resultado efectiva, que es buscar casos paradigmáticos, ejemplares y darles publicidad, llevándolos a las Cortes y hacer que éstas tomen buenas decisiones, lo que resulta útil a nivel local», explicó.
Tras lamentar que la falta de democracia en los países de América Latina haga que los jueces no sean garantes del derecho, la activista señaló que deben trabajar con ellos a fin de tengan fallos que garanticen los derechos humanos, incluyendo los de las mujeres.
Agregó que además del litigio, las activistas deben involucrar a las universidades en la perspectiva de género, particularmente con los profesores de derecho a fin de que las leyes dejen de dormir el sueño de los justos y comiencen a aplicarse.
Por su parte Laura Laponte, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de México, señaló que esa dependencia ya capacita a jueces en perspectiva de género para sensibilizarlos en la aplicación de los protocolos y ratificaciones de los convenios internacionales a favor de la mujer firmados por México.
Aunque estén sumamente preparados en lo legal, tienen escasa o nula perspectiva de género, lo que hace difícil acercarse a ellos y que acepten la capacitación del Inmujeres, dijo. Asimismo, señaló que trabajan con las universidades para que la perspectiva de género se incluya en la currícula de la licenciatura en Derecho.
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