Ficha tras ficha se repite la historia de abusos sexuales y violaciones en el traslado al penal de Santiaguito, luego de los enfrentamientos en San Salvador Atenco. Son 12 testimonios con las descripciones sexuales que ofrecieron mujeres con nombre y apellidos.
En los testimonios que consigna el Observatorio para la Protección de Luchadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos, las denunciantes fueron acusadas por ataque a las vías generales de comunicación, aunque las detuvieron en las más diversas circunstancias.
Algunas descansaban en su casa, haciendo observación ciudadana luego de los desalojos en el lugar de los días 3 y 4 de mayo pasados o al caminar por la calle. Todas denuncian maltratos, golpes y intimidaciones. De ellas, once recibieron amenazas de muerte.
La menor de estas denunciantes tiene 18 años, la mayor, 50 años de edad. Y aunque fueron las más jóvenes quienes padecieron diversos grados de violencia sexual, no fueron las únicas, como asientan siete de los testimonios.
Sexo oral forzado por tres policías, violación con los dedos u objetos por distintos agentes policiacos, vestimentas rasgadas, amenazas de muerte para ellas y sus familias, mordeduras y heridas en los pezones son escenas que vivieron una y otra vez las denunciantes de abuso sexual a lo largo de cuatro horas.
Los estereotipos culturales permearon la brutalidad policiaca: una mujer mazahua de 48 años de edad fue arrastrada de las trenzas mientras que, con obscenidades, los agentes que la detuvieron en la calle la recriminaron por estar «vieja» para estar participando en el movimiento.
Dos de las denunciantes, sin haber recibido agresiones sexuales, constataron las violaciones a otras mujeres y algunos hombres, mientras viajaban en autobuses durante cuatro horas hacia el penal, encima o debajo de otras personas.
Ante la andanada de descalificaciones y negación de la posibilidad de delitos sexuales cometidos por policías a las detenidas por parte de funcionarios federales y estatales, como el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Miguel Angel Yunes (presuntamente vinculado a red de pornografía infantil según lo documenta el libro Los Demonios del Edén de la periodista Lydia Cacho) y el gobernador Enrique Peña Nieto, estas denuncias ya se hicieron públicas.
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