La absolución de Ericka Zamora Pardo el pasado jueves demuestra de manera contundente que el gobierno siempre estuvo equivocado, además de que el ejército federal violó las garantías individuales, los derechos humanos y la paz social en la que vivían las comunidades indígenas de la zona mixteca de Ayutla de los Libres.
Así lo aseguró el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, al tiempo que agregó que la liberación de la estudiante universitaria –absuelta por el tribunal colegiado de Chilpancingo– luego de ser sentenciada a ocho años y medio de prisión por su presunta pertenencia al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, «es un triunfo del pueblo».
Pero también advirtió que el movimiento social no estará conforme hasta que no se juzgue a los responsables de la masacre de El Charco en 1998. Explicó que entre las principales demandas del FODEG (organización que agrupa a 30 grupos civiles del estado) destaca la salida inmediata del ejército federal de las comunidades indígenas, toda vez que viola de manera sistemática los derechos humanos de sus habitantes.
A su vez, ese organismo exige la promulgación de una ley de amnistía general para las y los presos políticos y de conciencia que hay en las cárceles de todo el país. De acuerdo con Martínez Cruz, en el estado de Guerrero hay al menos 80 presos políticos.
El luchador social dijo que el FODEG es un movimiento de vanguardia en la defensa y por la libertad de las y los presos políticos en el estado de Guerrero, lo mismo que de otros presos en los penales de Cuernavaca, Michoacán y el penal de Puente Grande, Jalisco.
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