NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   No importa el caso ni las medidas cautelares
La impunidad gobierna Iguala, afirma la activista Diana Carolina Brito
Aspecto del desalojo en la colonia Tlachinollan, en Iguala, Guerrero | Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/08/2016 Desconfianza en las autoridades municipales y en la aplicación de la justicia, colusión de funcionarios con la delincuencia organizada, amenazas e incluso agresiones de la policía a la población civil, son algunas   características de la vida en Iguala, Guerrero, afirma la activista Diana Carolina Brito, quien recibió un machetazo en el brazo derecho el pasado 13 de agosto, durante la irrupción de un grupo armado en la colonia Tlachinollan. 
 
La impunidad es la que gobierna, dice a Cimacnoticias la integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, al describir ese municipio, ubicado al norte del estado y escenario de la desaparición, el 26 y 27 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, a manos de elementos de la fuerza pública, un caso que ha dado la vuelta al mundo. 
 
Asegura que el pasado sábado, las autoridades municipales no actuaron para defender a alrededor de 50 familias que fueron atacadas por unos cien hombres armados que los desalojaron de sus casas en la colonia Tlachinollan. Tampoco nada hicieron para defenderla a ella, quien estaba con sus dos hijos, menores de edad, al momento de recibir la herida en su brazo, cuando intentó librarse de dos hombres que la sujetaron.
 
Para Diana Carolina, en Iguala no hay certeza de justicia en ningún caso, no importa si tiene que ver con delincuencia organizada o es un conflicto por la tenencia de la tierra, como el que originó la agresión del pasado sábado. “Dudo, estoy temerosa de que haya justicia, trato de cerrar los ojos, de tener calma pero creo que es peor, aumenta la impotencia”, lamenta.
 
Peor aún, dice, porque el sábado, cuando los hombres armados con tubos, palas, martillos, picos y machetes llegaron a desalojar a la gente, la policía no intervino e incluso parecían estar de lado de los agresores, quienes alegaban que las familias invadieron un predio propiedad de un particular, aunque ella y los vecinos aseguran que todos compraron sus terrenos.
 
Este conflicto lleva unos seis años en litigio pero no hay solución y mientras los ataques crecen contra las personas la policía se mantiene impávida, señala la defensora.
 
Pareciera, comenta, que esta colusión entre las autoridades, en particular entre la policía y los delincuentes es común, lo que remite al caso Ayotzinapa, cuando la policía municipal fue acusada de participar en la desaparición de los estudiantes, lo que derivó en la renuncia y encarcelamiento del entonces alcalde José Luis Abarca, pero en el que aún no hay justicia. 
 
He aprendido que la policía también agrede a la población, dice Diana Carolina, quien cuenta con medidas cautelares, porque ha recibido amenazas de muerte por defender el derecho a la vivienda, pero que no recibió ninguna ayuda de la policía, ni la pusieron a salvo, cuando estaba haciendo agredida con el machete.  
 
La activista, quien decidió abandonar su hogar y desplazarse a donde estuviera segura, se mantiene cercana a lo que ocurre en Iguala y concluye que ahí las víctimas deben tener influencias para acceder a la justicia. Por lo pronto ella –quien se recupera de la herida que le causaron– y las otras familias resguardan los bienes que les quedan.
 
Sin embargo, tras los hechos del fin de semana, ella y los pobladores de la colonia Tlachinollan presentaron una denuncia por los delitos de robo, daños materiales y amenazas de muerte, así como una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del estado, para que investiguen y hagan justicia. 
 
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de enero a abril de 2016 se han registrado 92 casos de agresión a defensoras, de estos 68 fueron contra mujeres activista, 18 contra periodistas y seis contra sus organizaciones.
 
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