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La cadena perpetua no pone fin al feminicidio

Por Guadalupe Vallejo Mora

El problema del feminicidio que tiene lugar en Ciudad Juárez y Chihuahua va más allá de soluciones mediáticas como la imposición de la cadena perpetua cuando se trate de homicidio doloso y secuestro en agravio de mujeres y menores de edad, opinaron representantes de organizaciones civiles en la entidad y en el Distrito Federal.

Coincidieron que lo ocurrido en el estado exige acciones contundentes contra la impunidad y, sobre todo, voluntad política de los tres niveles de gobierno (federal, municipal y estatal) para castigar a los responsables, pues cuestionaron: ¿a quién se le va aplicar la cadena perpetua si no hay detenidos?

Maricela Ortiz, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que la solución a los asesinatos de mujeres e infantes no necesariamente ayudará a reducir el problema que tiene lugar en la entidad.

En entrevista vía telefónica a la ciudad fronteriza, afirmó que esta medida «se suma a uno más de los 40 compromisos que ofreció el gobierno federal para erradicar el problema del feminicidio; por eso ni nos emociona y mucho menos nos impacta (la resolución de la Corte)».

Por su parte, Esther Chávez, directora de la organización Casa Amiga con sede en la entidad fronteriza, calificó como «muy lamentable» el que una minoría de diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua haya presentado la controversia a la Corte, cuyo fallo fue en favor de la constitucionalidad de la cadena perpetua, «sin tomar, como es su costumbre, la opinión de las organizaciones. Ellos votan lo que se les ocurre sin ver la realidad en que vivimos».

Hizo hincapié en que la cadena perpetua no va a reducir el feminicidio en la entidad sin antes contar con un sistema de justicia efectivo, autoridades incorruptibles, jueces que sepan hacer su trabajo y, sobre todo, el apego al estado de Derecho. «Con esa decisión -agregó- lo único que pasará es que buscarán crear chivos expiatorios o culpables fabricados bajo tortura».

Recordó que su organización cuenta con la orden e aprehensión que se libró desde hace más de cuatro años en contra del violador de varias niñas José Saldívar, de origen estadunidense, y a la fecha se desconoce por qué no se ha procedido en su contra. «Por ello, este tipo de acciones nos descontrolan, nos enojan y nos hacen pensar que la justicia es un juego, porque cuántas más habrá violado y la justicia bien, gracias».

NO BUSCAMOS VICTIMIZACION

Sobre el tema habló también Silvia Solís Hernández, del Comité de la Campaña contra el Feminicidio y la Impunidad en Ciudad Juárez y Chihuahua, quien criticó la insistencia de darle vueltas a la solución de los más de 400 crímenes ocurridos desde hace más de una década en el estado -22 en lo que va del año, tres de ellos en contra de niñas -, cuando bien podrían «entrarle» de una vez por todas a la solución del problema.

«No se por qué la insistencia de impulsar medidas impactantes cuando el problema tiene sus raíces en la impunidad y en la falta de una efectiva procuración de justicia», anotó la también integrante de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en México, radicada en el Distrito Federal.

Respecto al debate suscitado por los ministros que votaron en contra, quienes consideraron que el fallo es discriminatorio al imponer sanciones para un mismo delito, -esto es, cadena perpetua únicamente para los homicidios de mujeres, niñas y niños, no así cuando se trate de hombres- Solís Hernández puntualizó:

«En la entidad se ha reconocido incluso que las cifras de asesinatos contra varones superan las de mujeres y niñas; no obstante, habrá que aclarar que muchas tienen que ver con ejecuciones relacionadas con problemas de narcotráfico y problemas de violencia cotidiana y, en el caso de la población femenina y de las y los infantes, está claro que las asesinan por el sólo hecho de ser mujeres, y ello va más allá del asunto de la victimización».

Cabe destacar que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, con ocho votos a favor y dos en contra, la constitucionalidad de la cadena perpetua al convalidar el artículo 27 del Código Penal de Chihuahua, que prevé la acumulación de penas hasta por 105 años de prisión efectiva cuando se trate de homicidio doloso y secuestro en agravio de mujeres y menores de edad en la entidad.

Con dicha resolución, el máximo tribunal sentó un precedente que abre la puerta para que en otros estados se aprueben reformas legales similares que legalicen sentencias efectivas que superen el término medio de vida de cualquier reo, lo cual, en los hechos, es equiparable a la prisión vitalicia. El fallo convalida el artículo del Código Penal en el estado, que prácticamente la aprueba la pena vitalicia.

05/GV/YT

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