La secretaria técnica del Comité por una Maternidad sin Riesgos en México, María del Carmen Elu, aseguró que se requieren reformas muy profundas al sistema de seguridad social mexicano para que las y los jornaleros agrícolas migrantes tengan acceso a servicios básicos de salud.
Al continuar el coloquio «Migración interna y salud reproductiva», que concluye hoy, reconoció que a pesar de los avances logrados en los últimos tiempos, es evidente que todavía perdura la inequidad entre mujeres y hombres en muchos ámbitos de la sociedad mexicana.
Señaló que no hay posibilidades de tener salud si las personas no tiene acceso a un mínimo de satisfactores como cubrir sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, educación e incluso de comunicación, pues son insumos que necesita todo ser humano para poder desarrollarse.
Reveló que en gran parte de los flujos migratorios las mujeres acompañan a sus parejas o bien ellas mismas son jornaleras agrícolas, y que en ambos casos se agudizan los problemas de información y servicios de salud reproductiva adecuados a sus costumbres y condiciones de vida.
En nuestro país, estableció Elu, «si nosotros ponemos un mapa de marginación con base en los indicadores del Consejo Nacional de Población (Conapo) y le encimamos otro donde estén las mayores tasas y la concentración de muertes maternas, los dos coincidirían».
Explicó que en el caso de la población jornalera femenina migrante, se trata de mujeres de grupos que ancestralmente han sido privados de los recursos vitales y tienen tres veces más riesgo de morir por enfermedades relacionadas con el embarazo.
Para la secretaria técnica, en nuestro país existen dos tipos de sociedades o sectores de la población donde unos pocos tienen todo y otros sobreviven.
En ese sentido, concluyó, podríamos decir que esta situación afecta tanto a hombres como a mujeres, pero en el caso de la población femenina, «ellas son las que sufren más su salud reproductiva y, finalmente, las que mueren».
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