La tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos en Coahuila dejó al descubierto las malas condiciones laborales de los mineros y el estado de indefensión de sus parejas, hijas e hijos, coincidieron hoy activistas, abogados y representantes de la iglesia católica.
Lo anterior durante la entrega de una queja por la falta de medidas de seguridad en Pasta de Conchos interpuesta en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-México por el representante del Sindicato Nacional de Trabajadores y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Marcelo Castro.
El documento entregado será turnado a la Oficina de Normas de la OIT, con sede en Ginebra a fin de que lleve a cabo una revisión exhaustiva que permita determinar si existen violaciones laborales, a fin de poder emitir –si así es el caso- una recomendación al Gobierno de México.
La ex senadora y académica de la UAM, Rosalbina Garavito, dijo que la indemnización de 750 mil pesos que les han ofrecido a las familias de las víctimas de Pasta de Conchos nunca podrá aliviar el dolor de las viudas ni de los infantes, si no va acompañada de apoyo psicológico, emocional y de terapia familiar e individual, así como ayuda en materia de vivienda y laboral.
«Ojalá que este lamentable hecho sirva para crear conciencia social, para que nunca más vuelva a suceder, no dejar en la impunidad este accidente y exigirle al gobierno el cumplimiento de cuatro Convenios Internacionales que en materia laboral México se ha negado a firmar», dijo a Cimacnoticias.
Al respecto, el abogado independiente Manuel Fuentes, quien lleva el caso de los mineros sepultados recordó que hay cuatro Convenios que no han sido ratificados por el Gobierno mexicano que tienen que ver con cuestiones de inspección del trabajo, de prevención de riesgos y sobre todo lo relativo a la salud en minas.
Entonces, dijo, la explosión de la mina Pasta de Conchos, «pone al descubierto no sólo la falta de infraestructura con que cuenta la Secretaría del Trabajo, no solamente en materia de minas sino en general en cuestiones laborales».
En el país hay 129 minas y hay entidades como Sonora donde únicamente hay un solo inspector para verificar todos los centros de trabajo, no hay Juntas de Conciliación y Arbitraje, no hay Procuraduría del trabajo, situación que se agrava si se suman diversos factores como la negligencia, la falta de personal e infraestructura, como en el caso de Pasta de Conchos.
Fuentes resaltó que mediante el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los mexicanos el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo una revisión del estado de salud alrededor de los centros de trabajo. «Este Convenio no se está cumpliendo específicamente», dijo.
La situación en que trabajaban los mineros trajo consigo el daño directo como son las viudas y sus hijas e hijos, «y obviamente será preciso analizar la salud de todas y todos ellos».
A la rueda de prensa también acudieron el obispo de la región minera de Saltillo, Raúl Vera López, el Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, David Velasco; Claudia Ruiz, del corporativo de Estudios Jurídicos y Carlos Rodríguez Rivera, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral
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