Organizaciones civiles integrantes de la campaña ¡Ni una mas!iniciarán una jornada de protesta el próximo 7 de agosto ante la negligencia e ineptitud de las autoridades de Ciudad Juárez para esclarecer los feminicidios que desde 1993 vienen ocurriendo en esa ciudad fronteriza, misma que culminará el 10 de diciembre, fecha en la que se celebra el día mundial de los derechos humanos.
Por medio de un comunicado, organizaciones civiles de Ciudad Juárez invitan a la población en general, a los medios de comunicación, a las iglesias y a los partidos políticos para que se sumen a esta jornada de cuatro meses en demanda del esclarecimiento de los crímenes de las jóvenes mujeres que a la fecha suman más de 280 muertas y 500 desparecidas.
La jornada comienza con la reinstalación de la cruz de acero fabricada en memoria de las mujeres asesinadas: cada clavo colocado en la cruz representa a cada una de las mujeres asesinadas.
Como se recordará, este símbolo se instaló en enero de este año en la plaza Hidalgo de la capital chihuahuense frente al palacio de gobierno, pero su estadía ha sufrido varios accidentes: el pasado 11 de marzo fue semiquemada y el 21 de junio retirada del lugar por órdenes del gobernador priísta Patricio Martínez, quien se ha caracterizado durante su mandato en la entidad por la falta de voluntad e interés para esclarecer los brutales asesinatos.
No conforme con ello, Martínez se ha dado a la tarea de utilizar grupos de choque para intimidar a los grupos organizados de mujeres y las organizaciones civiles del estado, retrasando con ello la instalación de una vez por todas de la mesa interinstitucional en la que se discutirían y revisarían los avances de las investigaciones en los expedientes de las víctimas.
Por otro lado, Patricio Martínez se ha negado a pedir la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) pues considera que los casos están resueltos con la captura de la banda de los ruteros y los rebeldes.
Pese a que María Antonieta Esparza, Sully Ponce, Zulema Bolívar, Liliana Herrera López y actualmente Angela Talavera Lozoya han sido fiscales especiales para el caso, ninguna se ha caracterizado por tener una notable participación en su solución; es más, las agrupaciones civiles del estado como el grupo 8 de marzo, Casa Amiga, entre otras, se han manifestado por la designación de esta última ya que dicen, no cumple con sus expectativas para llevar a cabo la investigación.
Cinco fiscales especiales, la visita de tres relatores y dos administraciones estatales (la de Francisco Barrio Terrazas, actual contralor general, y Patricio Martínez) no han sido suficientes para lograr esclarecer los homicidios y dar con los responsables.
A casi diez años de iniciados los crímenes contra mujeres, el pesar y la incertidumbre continúan para los padres y familiares de las mujeres asesinadas, pues con todo y que se han encontrado los cadáveres, la identificación dudosa que hacen las autoridades hace imposible a los familiares saber a quién están sepultando.
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