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Informe de la PGR minimiza el feminicidio en Juárez

Por María de la Luz González

El subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Alvarez Ledesma, entregó a la nueva fiscal Alicia Pérez Duarte el informe de las investigaciones sobre los casos de feminicidio registrados en Ciudad Juárez en el que se minimizaron las cifras y resultados de otros estudios nacionales e internacionales.

Alvarez Ledesma aseguró que de 1993 a 2005 murieron asesinadas en la demarcación fronteriza 379 mujeres de las cuales 238 casos se ventilan en tribunales. Dijo que 11 casos más corresponden al ámbito de homicidio-suicidio, 14 fueron atraídos al ámbito federal, 10 están en la fiscalía mixta y los restantes 116 están bajo investigación.

El funcionario también desestimó los informes nacionales e internacionales sobre las causas del fenómeno al asegurar que 119 de los asesinatos, esto es 31.4 por ciento, se deben a violencia social (riñas, robo, venganzas), 106 a violencia intrafamiliar y 78 se produjeron con el objetivo de vulnerar a las víctimas, es decir, fueron ataques sexuales.

Alvarez Ledesma afirmó que solo en 76 casos no se tiene conocimiento de las causas del crimen.

Sobre las cifras de las mujeres desaparecidas –cuatro mil 456, según reportes internacionales—aseguró que la PGR en los dos años de funcionamiento de la Fiscalía Especial para Juárez comprobó que el número real son 47, de las cuales ya fueron localizadas 10 mujeres con vida y una más, muerta.

DE SERVIDORES PÚBLICOS

Durante la presentación de la nueva fiscalía especializada contra delitos hacia mujeres, el funcionario reconoció que el principal problema en Ciudad Juárez fue ocasionado por una brutal negligencia de los servidores públicos responsables de las investigaciones, misma que generó un problema de impunidad que se extendió a otras ciudades.

También estimó que con las investigaciones desarrolladas y las que realice la nueva fiscalía solo quedarán sin resolver 10 por ciento o menos de los 339 asesinatos, luego de lamentar que la legislación penal de Chihuahua establezca una prescripción de dos años para fincar responsabilidad a quienes incurrieron en negligencia durante las investigaciones.

Precisó que en la integración de las averiguaciones previas de los casos de feminicidio intervinieron 495 servidores públicos de lo cuales 177 (35.8 por ciento) tuvo algún grado de responsabilidad administrativa o penal.

Al respecto, la nueva fiscal Alicia Pérez Duarte informó que se hará una consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para saber si es posible fincar responsabilidad penal a estos servidores públicos, pese a la prescripción, o si el caso se presenta, ante los organismos internacionales.

06/LG/MR

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