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Guerrilleros y paramilitares acosan a las mujeres colombianas

Por Lucía Lagunes

Hoy más que nunca, y tras más de 40 años de guerra, la sociedad civil colombiana y en especial las mujeres están desprotegidas y a merced de la guerrilla y los paramilitares pues con la llegada del nuevo gobierno se agudizó la guerra, advirtió la senadora Piedad Córdoba, quien el lunes pasado sufrió un atentado en Medellín que casi le costó la vida.

Entrevistada en el último día de trabajo del Tercer Foro Social Mundial, la senadora por el Partido Liberal señaló que el actual gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez tiene como estrategia de defensa una actitud guerrerista y como ejemplo citó la campaña gubernamental de «un millón de informantes», en la que se pretende enrolar a ciudadanos para que delaten supuestas acciones subversivas de sus vecinos.

Nuestra salida, la de la sociedad civil y por la cual estoy convencida en que debo regresar a Colombia, es crear un Acuerdo Integral Humanitario que contemple las reglas de protección a la sociedad civil en momentos de conflictos armados y que son acuerdos internacionales aprobados los gobiernos, incluido Colombia.

Para ello, necesitamos el acompañamiento de las instancias internacional humanitarias, para proteger y fortalecer a las organizaciones, sobre todo de mujeres, que son las que están resistiendo la guerra con sus cuerpos.

ACUERDO HUMANITARIO

Córdoba iniciará un campaña internacional en busca del apoyo de organizaciones no gubernamentales, gobiernos e instancias humanitarias que hagan el acompañamiento en el proceso de la construcción de este acuerdo humanitario.

Hoy la sociedad civil esta bajo sospecha, sostuvo la también presidenta de la Comisión senatorial de Derechos Humanos, pues todo intento de la sociedad de organizarse en busca de la paz y la democracia en Colombia es vista por el gobierno como una acción «sospechosa», dijo.

Piedad Córdoba, quien ha tenido que sortear la muerte en más de una ocasión, como muchas mujeres colombianas, aseguró que el presidente colombiano ha debilitado a los partidos políticos y logrado subordinar al Congreso, como el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el expresidente peruano Alberto Fujimori.

El intento de eliminar las personerías, instancias de defensa de los derechos humanos, y destruir el tejido político de la representación popular y enfrentar a la población, ha dejado hoy más que nunca a la sociedad civil, y en especial a las mujeres, a merced de la guerrilla y los grupos paramilitares, apuntó Córdoba.

Aseguró que de entre las primeras consecuencias de esta política guerrerista está el traslado de la guerra a las ciudades, donde ya se registran enfrentamientos, pero sobre todo abusos contra la población.

TAMBIEN EN LAS CIUDADES

Las violaciones de las mujeres a manos de los paramilitares ya está en Medellín y en Bogota. Recordó que la semana pasada cinco adolescentes fueron violadas y mutiladas de los senos por estos grupos armados. Más todavía, les tatuaron en los brazos «Fuerzas de Reacción».

Piedad Córdoba no se va a detener, es un colombiana convencida de construir la paz y proteger a la sociedad civil. A pregunta expresa sobre el atentado y el futuro personal, Córdoba, afirma mirando a los ojos, voy a regresar, tengo que regresar.

Recordó que esta guerra, que lleva más de cuarenta años y ha expulsado a miles de colombianos, está sembrada en 800 municipios de los mil 100 que tiene Colombia y ha obligado a unas tres millones de personas a vivir como refugiados dentro de su propio país, principalmente mujeres y niños, pues los hombres o están muertos o están combatiendo.

De los 45 millones de habitantes que tiene Colombia, 12 por ciento son indigentes y 60 por ciento bajo la línea de la probreza, la miseria.

Esta es la realidad que oculta la guerra, la enorme desigualdad que vive la población colombiana y que mantiene a muchos ricos en el poder.

A ello, y a propósito del tema central del Foro Social Mundial, se suman las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para imponer políticas de reajuste que han eliminado derechos laborales, como la indemnización por jubilación.

También han sido privatizados algunos servicios públicos como la salud, lo que ha convertido a dos de las principales ciudades colombianas en refugios de la desesperación, en donde familias completas sobreviven de la mendicidad.

LLH/MEL

       
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