Guatemala podría hacer banco genético de agresores sexuales

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VIOLENCIA
   Congreso aprueba Ley pero no le asigna recursos
Guatemala podría hacer banco genético de agresores sexuales
Imagen retomada del portal acoguate.com
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/12/2017

El congreso de Guatemala aprobó la semana pasada la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, pero no cuenta con recursos para su implementación en el presupuesto de 2018, denunció en entrevista el secretario ejecutivo del “Observatorio de los Derechos de la Niñez, Promoción e incidencia a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca” (ODN Ciprodeni), Otto Rivera Álvarez.

En entrevista con Cimacnoticias, el activista informó que esta Ley busca que a los culpables de delitos sexuales se les identifique genéticamente (incluye a personas guatemaltecas y a violadores denunciados en el extranjero que visiten el país); y que cuando una persona que haya sido acusada de estos delitos termine su sentencia, deberá informar dónde vive y trabaja.

La legislación también plantea que todas las sentencias a agresores sexuales serán publicadas, pero no la identidad de sus víctimas y no se borrará de la base a los agresores. Además, ningún agresor sexual podrá trabajar en puestos que implique contacto con niñas y niños, al tiempo que señala que quien violente sexualmente a sus hijas e hijos perderá la patria potestad de ellos. 

De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre de este año, 57 mil 244 mujeres de 10 a 19 años de edad presentaron embarazos, la mayoría de estos se atribuyen a violaciones sexuales por la frecuencia con la que este delito se comete en el país.

Rivera Álvarez precisó que el principal reto será que “la voluntad política se vea reflejada y se cumpla lo que estipula la Ley, del Registro y el Banco Genético”, ya que el proyecto del presupuesto nacional para 2018 no contempla los gastos que implicará poner ambas medidas en  práctica (capacitaciones e instrumentos técnicos para autoridades policiales para la Base de Datos, por ejemplo).

Aunque la iniciativa fue presentada en octubre de 2016 por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala apoyada por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue hasta el pasado 29 de noviembre que se aprobó y es resultado del trabajo de organizaciones civiles que desde 2003, cuando entró en vigor la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, han trabajado porque el gobierno garantice los derechos de este sector de la población, recordó el defensor Otto Rivera.

El objetivo de promover estas legislaciones, dijo, “es robustecer el marco jurídico que protege a las niñas, niños y adolescentes de Guatemala” pues recordó que la infancia “siguen sin ser prioridad para el gobierno”, ya que desde el ODN Ciprodeni y otras organizaciones, estiman que el gasto público para esta población es de sólo un dólar con 2 centavos, “con eso debe garantizarles sus derechos a la salud, alimentación, educación, protección integral y recreación, es insuficiente”, denunció Rivera Álvarez.

También mencionó como ejemplo del “desinterés político hacia las niñez y adolescencia el caso de las 41 niñas y adolescentes que murieron en un incendio ocurrido el pasado 8 de marzo en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una institución pública, mientras denunciaban las violaciones sexuales contra ellas y que sigue impune.

Y aunque la nueva ley aún no entra en vigor porque sigue sin ser publicada en el diario oficial, el ODN Ciprodeni calificó su aprobación como un paso importante para que los delitos sexuales no queden impunes como ocurre actualmente.

Cifras del Sistema de Gestión de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco señalan que de 2014 a 2016 los delitos de violación y agresiones sexuales incrementaron en el país centroamericano: en el  año 2014 se ingresaron mil 471 expedientes, en 2015 fueron 2 mil 966 y hasta el 4 de agosto del 2016 se ingresaron mil 142.

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