Guatemala: aumenta feminicidio, con 99 por ciento de impunidad

La integrante del Sector de Mujeres, Marta Godínez, reconoció que durante los últimos años el Estado ha reportado avances en la atención de mujeres víctimas de violencia y fortalecimiento en la persecución penal de los responsables de cometer este tipo de delitos, pero consideró que estas acciones continúan siendo insuficientes y es necesario redoblar los esfuerzos para abordar esta problemática estructural.
 
Godínez aseguró que sólo durante la última década se han registrado más de 10 mil muertes violentas de mujeres en el país, con un promedio de dos casos diarios, lo cual evidencia que estos crímenes continúan en aumento; aunado a ello, la tasa de  impunidad en los casos de violencia contra la mujer asciende a 99 por ciento.
 
Sólo el uno por ciento de los casos concluyen en sentencia, sin embargo no todas se encuentran firmes debido a los recursos de apelación que se presentan posteriormente y, del número total de sentencias, no todas son favorables para las víctimas, afirmó la entrevistada.
 
En esta situación influye enormemente la demora en los Juzgados de Femicidio, los cuales han programado audiencias en estos casos hasta con dos años de diferencia, lo que se agrava en el interior del país, donde no existen tribunales especializados en todos los departamentos a los que puedan acceder las comunidades y las mujeres.
 
Datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) detallan que sólo durante los primeros cinco meses del 2017 se registró el asesinato de 303 mujeres, ocho casos más que durante el mismo periodo del 2016.
 
Además, mientras la cifra de muertes violentas de hombres descendió en comparación con el año pasado, la de mujeres aumentó. El GAM resaltó que se trata de un segmento de población altamente vulnerable y en todo caso, si se produce un descenso de las muertes en general, deber reflejarse también en las estadísticas de mujeres.
 
MÁS SENSIBILIZACIÓN, ¿MÁS DENUNCIAS?
 
Aunque la violencia contra las mujeres continúa siendo una fuerte problemática, a criterio de Godínez existen ciertos avances con relación a la sensibilización de funcionarios del sistema de justicia, especialmente del Ministerio Público (MP), para abordar el tema y brindar una atención adecuada a las víctimas. Esto podría tener relación con el aumento de las denuncias por violencia que ha recibido la Fiscalía.
 
La activista recalcó que el Estado debe continuar fortaleciendo las acciones que ha impulsando hasta el momento, como la creación de los juzgados especializados en femicidio/feminicidio, y fortalecer las oficinas de atención a la víctima en el MP, en la Policía Nacional Civil (PNC), así como en los centros de atención integral de mujeres sobrevivientes de violencia.
 
Todo el sector justicia e instituciones tendrán que incrementar, o disponer a lo interno de sus políticas de planeación, recursos financieros, humanos y de especialización para atender esta problemática, declaró.
 
LAS RECOMENDACIONES DEL EPU
 
Prevenir la violencia contra la mujer fue una de las recomendaciones formuladas a Guatemala durante el Examen Periódico Universal (EPU) que afrontó el Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en octubre del 2012.
 
En esa ocasión, República Checa recomendó a Guatemala adoptar medidas concretas para asegurar la capacitación desde una perspectiva de género de las personas que se encargan de investigar y enjuiciar los casos de violencia contra la mujer y asistir a las víctimas.
 
Trinidad y Tobago sugirió mejorar la promoción y la protección de los derechos de la mujer, entre otras cosas combatiendo la violencia contra la mujer y el femicidio/feminicidio.
 
Godínez aseveró que el actual gobierno de Jimmy Morales, como el de Otto Pérez Molina, no ha dado muestras contundentes de la atención a la violencia contra las mujeres. Existe voluntad en términos simbólicos, pero al momento de concretar, operatividad y asignar recursos, se observa una gran debilidad, dijo.
 
La activista recordó que durante el gobierno de Pérez Molina se desmanteló la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, lo que representó un retroceso en política de cero tolerancia hacia la violencia de género.
 
Fue hasta este gobierno, luego de varios meses de lucha de organizaciones sociales, que este espacio nuevamente se instaló en el Ejecutivo.
 
De igual manera, enfatizó que la violencia contra las mujeres es una problemática estructural que debe abordarse desde una política pública y con un trabajo estructurado de todas las instituciones involucradas en el tema. Asimismo, debe cambiarse ese imaginario social que considera la violencia como algo natural.
 
17/RED/GG