El Fondo de Auxilio Económico para familiares de las víctimas de feminicidio que integró la Procuraduría General de la República (PGR) es una tomadura de pelo, porque no es un mecanismo real de reparación del daño y, en cambio, puede dividir a los familiares, aseguró Alma Gómez, de la organización Justicia para Nuestras Hijas.
El Fondo de Auxilio es, en buena parte, una estrategia para desactivar el movimiento, pues aunque no hay un condicionamiento para dejar de exigir justicia, es lógico que si las familias empiezan a recibir dinero su demandas no tendrán la misma fuerza y habrá casos en los que prefieran guardar silencio, sostuvo en entrevista con Cimacnoticias.
La activista dejó en claro que la PGR no puede argumentar que distribuirá los 61 millones de pesos del fondo de acuerdo con los criterios internacionales de reparación del daño, porque esta medida es parte del proceso final, cuando ya se han determinado los responsables y se ha hecho justicia.
«Aquí no tenemos eso todavía, no hay responsables, y las autoridades han sido incapaces para realizar esa investigación. Además, no hay un reconocimiento de la autoridad sobre los fallos y las deficiencias en que se incurrió; sólo llegan con el dinero por delante y eso está mal, pues la reparación del daño debe ir acompañada de otras cosas», sostuvo.
Alma Gómez cuestionó también los criterios adoptados por la PGR para la asignación de los recursos, pues promueven la discriminación y provocan una competencia sin sentido entre los familiares de las víctimas para que demuestren quién sufrió más o a quien le causó mayor angustia el perder a una hija, una hermana o una esposa.
Citó como ejemplo de la inadecuada clasificación de casos por parte de la dependencia el caso de una joven que fue «levantada» por un individuo que la llevó a un hotel, la violó y la mató. El culpable está a punto de salir de prisión y a la familia ya se le notificó que no recibirá indemnización, porque las autoridades determinaron que el móvil del asesinato fue una riña.
«La familia todavía tuvo que soportar que, ante los reclamos porque el responsable va a salir libre, las autoridades respondieran que la joven lo había golpeado muy fuerte. Claro que lo golpeó, porque estaba tratando de defenderse».
«Esa clasificación es absurda, porque no sólo a las familias de las muertas en riña se les deja fuera: tampoco van a recibir dinero los familiares de mujeres que hayan sido asesinadas por la pareja. Es una forma muy burda de la PGR y de la Fiscalía Especial de querer zafarse del problema y, además, una demostración de incompetencia», consideró.
Recordó que en una reunión con legisladoras de las comisiones especiales y representantes de la PGR a la que asistió Susana Villarán, relatora para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se presentó el catálogo de acciones del sistema interamericano en materia de reparación del daño y el procedimiento que debe seguirse cuando hay violaciones graves a las garantías fundamentales.
Sin embargo, la PGR no tomó en cuenta esos criterios y decidió entregar el dinero sin garantizar primero el que se haga justicia, manifestó.
05/LG/YT
