Familiares de Rocío Barraza Gallegos, asesinada en Ciudad Juárez, esperan desde hace un lustro la aprehensión de Pedro Alejandro Valles Chairez, el ex policía judicial que la asesinó, así como de su tío, el comandante Alejandro Castro Valles, -quien fue parte de la escolta de Vicente Fox-, por encubrir al criminal.
A los 23 años de edad y dejando a dos huérfanos, Rocío Barraza falleció el 19 de septiembre de 1998 a manos de su pareja, Alejandro Valles, en una patrulla de la policía judicial de Chihuahua, misma que fue encontrada en la Academia Estatal de Policía, de acuerdo con documentos oficiales.
Rocío Barraza, mesera de los bares Río Senegal y Dos Amigos, murió por un balazo en la nuca, como consigna el dictamen forense, convirtiéndose así, según la averiguación previa 20454/98, en la causa penal 418/98, y la víctima 172 del recuento periodístico elaborado por el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu).
El documento consigna 53 muertes por violencia a manos de la pareja, entre 320 asesinatos de mujeres en la ciudad fronteriza. De acuerdo con este recuento, aunque están resueltos –es decir, hay algún indiciado– 49 de estos crímenes calificados como pasionales por la ley, apenas la mitad cuentan con sentencias.
El más reciente informe sobre el asesinato presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), refiere que Valles –de quien se sabe está casado con una mujer de Ciudad Cuauhtémoc– estaba asignado al departamento de Delitos Sexuales Local, y que la Subprocuraduría estatal insistió en que el asesinato se debió a la combinación de alcohol y cuestiones emocionales.
También consigna el mismo informe que el indiciado fue protegido por su familiar el entonces primer comandante, Alejandro Castro Valles, quien fue removido del cargo.
En entrevista telefónica, Rosa Barraza, madre de Rocío, pidió se cumpla con la aprehensión del asesino de su hija, así como de Alejandro Castro, a quien otras madres identificaron el pasado 25 de noviembre como escolta del presidente Vicente Fox.
Al agregar que la comisionada federal Guadalupe Morfín le informó que Alejandro Castro fue removido ya de su cargo, Rosa Barraza lamenta que no se le haya aprehendido.
Sobre este caso la CNDH concluye en señalar que ni la institución del Ministerio Público, «ni la policía judicial han realizado las diligencias pertinentes, tendientes a dar cumplimiento al citado mandamiento judicial».
Este caso, es uno de tantos que llevó al ombudsman José Luis Soberanes, y organismos internacionales a pedir se finquen responsabilidades a funcionarios públicos omisos, negligentes y corruptos.
2004/MR/BJ
