Tras denunciar por violación a su profesor Arturo García, la estudiante de 18 años, Alicia Ramos fue expulsada de la Facultad de Enfermería cuando faltaba un mes para concluir sus estudios.
Amenazada, víctima de la corrupción de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la impunidad de las autoridades, Alicia, cuyo verdadero nombre está asentado en la denuncia por el delito de violación contra Arturo García en la agencia Especializada del Ministerio Público, explicó que fue obligada a tener sexo oral por el que era su maestro de sociología.
Alicia Ramos explicó que como lo asentó en el expediente 90/60, el maestro la obligaba a tener sexo oral en la oficina, donde Arturo García tiene un cargo administrativo.
En entrevista, explicó que la directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAT, Cinthya Ibarra González, no prestó ninguna atención a la denuncia, por razones personales «se puso del lado del profesor» y la descalificó asegurando que se encontraba drogada «que podía saberlo viendo mis pupilas».
Alicia sostiene que además de la agresión sexual de la que fue objeto, hoy enfrenta la posibilidad de no concluir sus estudios, ya que la expulsaron a un mes de titularse y fue amenazada con «boletinar» su nombre para que no sea aceptada en ninguna institución si no accedía a firmar su propia baja.
Con el respaldo de la licenciada Gloria Carrizales Martínez, Alicia Ramos busca la aplicación de la justicia y explica que el Artículo 273 del Código Penal de Tamaulipas, dice que «Comete el delito de violación, el que por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, entendiéndose por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por la vía vaginal, anal o bucal».
En ese sentido, añade la entrevistada, está más que acreditado el delito que se cometió en su contra. Además de que en el Artículo 277, se establece: Si el delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerce su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ello le proporcione, además de las penas o prisión; el sentenciado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión.
Sin embargo, sostiene hasta ahora Arturo García ni siquiera a declarado su versión de los hechos y su denuncia fue determinada como improcedente, lo cual «es una aberración jurídica que atenta contra todas las mujeres».
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