El titular de la Secretaría de Salud (SS), Julio Frenk Mora, debe explicar las razones por las cuales la dependencia a su cargo otorgó financiamiento a la organización Provida, cuyos objetivos son contrarios a las políticas públicas establecidas en los planes y programas de acción de salud del gobierno federal, señalaron organizaciones civiles.
En conferencia de prensa, Daphne Cuevas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, informó que hasta hoy no ha habido respuesta del responsable de la política de salud para conocer su postura respecto al caso a pesar de que las ONG le han solicitado audiencia.
Asimismo, dio a conocer que no descartan la denuncia penal contra Provida y Luis Pazos, quien en 2003 siendo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados desvió de 30 millones de pesos del presupuesto de VIH/Sida a la organización ultraconservadora.
En tanto, Guillermo Noriega de la organización Fundar, entregó documentos sobre irregularidades en el ejercicio de 30 millones de pesos que recibió Provida del erario público.
Noriega, dijo que las organizaciones pidieron a la SS la realización de una auditoria inmediata a Provida, ante la evidencia de malversación de fondos, y exigieron se informe con qué criterios se volvió a otorgar este año a esa agrupación la cantidad de cuatro millones 533 mil 268 pesos de la Beneficencia Pública.
De los 30 millones de pesos que recibió el grupo ultraconservador -según la documentación presentada-, el 81.53 por ciento del total se concentra en los rubros de "Publicidad" y "Mobiliario y equipo médico".
Es decir, Provida destinó para publicidad nueve millones de pesos 745 mil 10 pesos -75.62 por ciento del total-, y contrató con ese fín a la empresa Mercatel, cuya dirección, teléfono y fax, son los mismos de esa organización.
Además, en la documentación presentada por las ONG, en el rubro "Ayuda a mujeres", el 96.47 por ciento de los recursos -un millón 35 mil pesos-, fue utilizado en la contratación de un salón de fiestas para realizar dos capacitaciones y una reunión de directivos, "no en apoyo directo a mujeres".
Por cierto, destacó Noriega, que el salón conocido como "El Castillo de Branstock" contratado por Provida, también tiene el mismo número telefónico de la empresa Mercatel.
Por su parte, Martha Juárez del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que no van a permitir que recursos públicos sean utilizados por organizaciones como Provida que públicamente manifiestan su oposición activa a las políticas y programas federales de salud reproductiva.
Advirtió que las ONG exigirán se aclare el financiamiento a la organización fundada por Jorge Serrano Limón y por qué el actual director de Banobras, Luis Pazos, reasignó los recursos.
Vamos a recurrir a todas las instancias hasta aclarar las irregularidades, advirtió la activista Lucía Pérez, representante de la organización Equidad de Género quien explicó que la información presentada ante los medios por la sociedad civil, fue recopilada a lo largo de año y medio.
Pérez sostuvo que la sociedad organizada está convencida del derecho ciudadano a tener acceso a la información y a que se resuelvan irregularidades como las cometidas por Luis Pazos y la organización ultraconservadora que liderea Jorge Serrano Limón.
2004/RG/GV/SM
