La tercera Conferencia Nacional Sobre Maternidad Sin Riesgos en México demandó hoy ampliar los presupuestos para la salud de las mujeres en especial en los municipios de mayor marginación, así como eliminar todas las formas de discriminación hacia la población femenina, la inequidad de género y la violencia doméstica.
Al concluir los tres días de trabajos de esta conferencia, Maricarmen Elu, presidenta del Comité Por una Maternidad sin Riesgos, e Hilda Reyes, coordinadora del mismo, dieron a conocer las conclusiones y el documento preliminar de la declaración de México para una maternidad sin riesgo 2003.
Plantearon la necesidad de diseñar estrategias adecuadas y reforzar los recursos humanos y materiales en las áreas del país de alta marginación para evitar que sigan ocurriendo muertes maternas.
Precisaron que es necesario cambiar los criterios de asignación del presupuesto para evitar que como ocurre ahora, los que necesitan más reciban menos.
Ante los 250 participantes de este foro, representantes de organismos civiles, instituciones federales, agencias de cooperación internacional, y especialistas, urgieron a reducir la mortalidad materna y mejorar la salud reproductiva.
Llamaron a reforzar la vinculación de los sectores institucionales y poderes de gobierno con las organizaciones civiles, como una expresión de la democracia que permita desarrollar los programas de salud para las mujeres respetando sus condiciones de vida, y valores culturales para reducir la mortalidad materna.
De esta forma, el Comité Promotor Por Una Maternidad sin riesgos en México- con 10 años de trabajo en nuestro país- presentó el borrador de la declaración final que contempla las recomendaciones de los grupos de trabajo sobre cinco puntos que conforman el documento.
En el documento se propone revisar las legislaciones federales y estatales vigentes para adecuarlas a la realidad y contribuir al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres.
Se propuso también que las leyes laborales y de salud, prohíban la exigencia del certificado de no gravidez, la prueba del VIH/SIDA, determinar el estado civil incluyendo la preferencia sexual y que se apliquen sanciones penales y económicas en caso de su incumplimiento.
Se demandó también el castigo para los delitos como el hostigamiento sexual, la violación, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar.
El documento considera también la anticoncepción de emergencia como parte de la atención integral a las víctimas, así como la creación en los municipios de las agencias de delitos sexuales.
La conferencia sugirió capacitar a los agentes del Ministerio Público sobre equidad de género y derechos reproductivos e incorporar la causal de aborto por daños a la salud de la mujer, malformaciones genéticas o congénitas del producto o por razones económicas.
Pidieron también que en los casos no punibles como es la violación, la interrupción del embarazo se haga de forma expedita para no arriesgar la salud de la mujer.
Recomendaron al poder legislativo que los programas de salud reproductiva cuenten con mayor presupuesto y vigilar que los recortes no afecten los ámbitos de la salud y educación.
En este marco se propuso dar seguimiento a los programas de salud reproductiva, planificación familiar, cáncer cervicouterino, salud de la mujer y el programa Arranque Parejo, destinado a evitar la muerte materna. En este último caso pusieron énfasis en la necesidad de evaluar su impacto.
Los participantes abogaron porque ninguna mujer que esté en trabajo de parto sea rechazada de las instituciones de salud por no ser derechohabiente.
Igualmente, pugnaron por incentivar la asistencia a la consulta prenatal así como por el parto gratuito, también recomendaron vigilar la aprobación de la Norma Oficial Para la Atención de la Violencia Familiar, en especial en el caso de las mujeres embarazadas.
Se pronunciaron por fomentar el reconocimiento y respeto institucional a las parteras y por su capacitación.
El documento previo a la declaración pide reforzar las consultas prenatales, las consejerías sobre factores de riesgo y señales de alarma fomentando la autoestima de las mujeres y su capacidad para tomar decisiones.
También se comprometieron a promover que las embarazadas que presenten signos de alto riesgo sean referidas oportunamente a un nivel superior de atención, poniendo particular empeño en facilitar el proceso a las mujeres de las áreas rurales.
Dentro de la larga lista de recomendaciones demandaron garantizar una atención de calidad a las mujeres con abortos incompletos y disminuir el número de cesáreas.
Además fortalecer los comités de mortalidad materna en todos los hospitales públicos y privados y en todas las jurisdicciones sanitarias a fin de mejorar la atención y evitar las muertes maternas.
En el rubro del VIH/SIDA, abogaron por hacer mas accesibles los servicios para detectar en las mujeres enfermedades sexualmente transmisibles, con respeto a su decisión y garantizando la confidencialidad.
Entre otros puntos, hubo consenso en la inclusión en los programas de salud de estrategias particulares de atención a población marginada por condiciones de pobreza, internamiento, preferencias sexuales o prácticas laborales así como a portadores o enfermos de VIH con amplio y estricto respeto a sus derechos humanos.
Cabe recordar que de acuerdo con cifras oficiales cada año se registran en México al menos mil 200 muertes derivadas del embarazo, el parto y posparto.
El Comité Por Una Maternidad sin Riesgos en México es un grupo interinstitucional que tiene como finalidad contribuir a la disminución de las muertes maternas en el país.
2003/SM/MEL
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