La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) que se podría aprobar mañana en el Senado de la República es, en los hechos, una limitante del derecho a la libertad de expresión, establecido en la Constitución, de acuerdo con especialistas y organizaciones de la sociedad civil que han expresado su repudio al proyecto.
La minuta, aprobada ya en la Cámara de Diputados, entrega el control del espectro radioeléctrico a los dos consorcios televisivos que dominan la industria, y sustituye el régimen de concesiones por licitaciones con subasta al mejor postor, dando prioridad a quienes ya son titulares de alguna frecuencia.
En estos términos, la propuesta cierra las posibilidades de participar en el sector de la radiodifusión a los pequeños radiodifusores, así como a los grupos de la sociedad civil que actualmente operan o pretenden operar radios y televisoras comunitarias.
Pero el Estado no solo margina a estos sectores, sino que entrega otro jugoso negocio al duopolio televisivo, que gracias a su gran poder ha podido convertir sus equipos analógicos en digitales, operación que liberará frecuencias del espectro con las que los consorcios podrán prestar servicios de internet y telefonía.
Por si no fuera suficiente, podrán hacerlo sin cubrir derecho alguno, pues como concesionarios de frecuencias tienen preferencia para ampliar sus títulos antes que otros aspirantes a entrar en el mercado.
Un análisis de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (AMARC), cuestiona esa cesión del espectro radioeléctrico, así como el cambio en el régimen de concesiones por subastas, que permitirá a los operadores con más dinero instalar y operar servicios de radiodifusión.
La organización sostiene que la reforma contradice los principios fundamentales de la LFRT, que define a la radiodifusión como una actividad de interés público y le asigna una función social.
Las reformas prácticamente eliminan la posibilidad de existencia de medios comunitarios: la actual LFRT prevé el otorgamiento de permisos para estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de las entidades y organismos públicos, advierte la organización.
Los titulares de estos permisos pueden ser ciudadanos mexicanos y entidades u organismos públicos, o sociedades cuyos socios sean mexicanos, establece la legislación actual.
Aún aun bajo este paupérrimo marco jurídico, las radios comunitarias han logrado librar diversas controversias jurídicas para que se les reconozca su derecho a la obtención de permisos, como ha ocurrido con 14de ellas, que deberán renovar la autorización en siete años.
Estos logros están amenazados por la minuta que pretende aprobar el Senado y que «profundiza la exclusión de las mayorías en nuestro país para acceder a frecuencias radioeléctricas y por ende para ejercer sus derechos informativos y el ejercicio de la libertad de expresión», alerta el documento de AMARC.
Denuncia que la reforma deja fuera al tercer sector de la comunicación, la radiodifusión comunitaria y ciudadana, que ha sido reconocida por el Estado mexicano con la emisión de permisos para asociaciones civiles sin fines de lucro, que prestan un servicio público a las comunidades más vulnerables y empobrecidas del país.
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