Evidencian sexismo judicial en acusación contra Circe López

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   Petición en línea suma más de 2 mil 600 firmas
Evidencian sexismo judicial en acusación contra Circe López
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/02/2018

Feministas lanzaron una protesta contra lo que llamaron sexismo judicial luego de que la semana pasada se vinculara a proceso a la defensora de Derechos Humanos, Lucero Circe López Riofrío, acusada de “delitos contra el honor” por un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

La petición en la página de change.org, que ya recaudó más de 2 mil 600 firmas, indica que “lo que están causando este tipo de denuncias por delitos al honor es que las activistas que apoyan a las víctimas sean criminalizadas”. Al llamado se unió la Coordinación de Feministas de Michoacán.

El jueves 8 de febrero el juez de oralidad en Morelia, Michoacán, Ariel Montoya Romero, ordenó abrir un proceso en contra de la directora de la organización Humanas sin Violencia, basándose en la denuncia de un profesor, cuyo nombre se ha reservado en los medios de comunicación.

El profesor acusó a Circe López de cometer un delito al dañar su honor después de señalarlo como presunto acosador sexual cuando fue incluido en un grupo de trabajo de expertos en temas de género conformado en 2014 por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En 2014 la dependencia conformó al grupo de expertos para analizar si había o no elementos para declarar una Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado.

López Riofrío, solicitante de la AVG en Michoacán, mostró las acusaciones contra el profesor después de recibir dos correos de mujeres que lo evidenciaron como presunto acosador sexual. Una de ellas presentó una denuncia formal ante la universidad pero, según refirió, al no existir protocolo para atender la violencia contra las mujeres, no hubo sanciones.

López llevó las denuncias a una reunión con el grupo de trabajo y junto con otras feministas demandó que el profesor no fuera incluido como experto, por ese motivo fue vinculada a proceso por delitos contra el honor.

La Procuraduría General de la Justicia del estado argumentó en la acusación penal que la defensora debió presentar la denuncia, junto con la presunta víctima de acoso, ante las instancias correspondientes y no exponer al profesor públicamente durante la referida reunión.

La defensa de la feminista explicó que López Riofrío sólo buscaba el debate sobre el perfil de las personas que debían participar en el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género. En entrevista con Cimacnoticias dijo que acusarla de dañar el honor de una persona es un “retroceso para la libertad de expresión”.

Las activistas que lanzaron la petición en la web consideraron la decisión del juez un sexismo judicial. Dijeron que en la práctica estas acusaciones significarían que las personas que luchan contra la violencia de género deben guardar silencio “incluso cuando están buscando alertar a otras mujeres contra posibles acosadores u otro tipo de victimarios”.

En su petición las mujeres pidieron que el proceso judicial que enfrenta López Riofrío sea desde una perspectiva de género y que se considere el contexto en el que la defensora hizo las denuncias.

Las acusaciones legales es una práctica que restringe el activismo, según el Registro mesoamericano de agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos. En México entre 2012 y 2014, las defensoras más agredidas fueron las que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Al mismo tiempo, disminuyó el número de denuncias presentadas por mujeres víctimas de agresión que defendían una causa, esto ante la falta de confianza en el sistema de justicia y en las dependencias del gobierno.

El uso del sistema de justicia para inhibir la labor de defensoras es una práctica que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha observado con mayor frecuencia en los últimos años. Los impactos para las afectadas van desde desgaste económico y emocional por enfrentar largos procesos judiciales hasta el cese de trabajo, entre otros.

Las feministas en la red pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Gobernador Silvano Aureoles que deroguen el artículo que tipifica el ataque al honor. Actualmente el artículo 193 del Código Penal del estado de Michoacán penaliza con tres a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente a quien cometa este delito.

En los últimos años otros estados e incluso a nivel federal se ha despenalizado este tipo de delitos porque en muchos casos, se usaban para perseguir o sancionar a periodistas o personas defensoras.

18/SG