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Escollos para que campesinas accedan a recursos

Por Román González

El Acuerdo Nacional para el Campo prevé más recursos para los programas orientados a la población rural femenina mexicana, pero la normatividad para acceder a ellos es complicada, dijo hoy la encargada de la Secretaría de la Mujer de la Central Campesina Cardenista (CCC), Carmen Antuna.

La administración federal, presidida por Vicente Fox, se comprometió a crear un Fondo de Emergencia para el Campo de dos mil 800 millones de pesos (unos 260 millones de dólares), dicho acuerdo deberá firmarse entre el 23 y el 28 de este mes en Palacio Nacional, precisó.

Entrevistada en sus oficinas, Antuna informó que los recursos incluyen 300 millones de pesos para el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad (Fonaes) y 100 millones, al Programa de Apoyo a la Mujer Campesina.

Además 400 millones para Servicios de Salud (Seguro Popular); 260 millones a Vivienda Rural y 650 millones para crear un padrón alterno de Procampo.

Otros recursos serán: 150 millones, para el Programa de Empleo Temporal; 140 millones al Programa de Organización y Fomento Empresarial; 300 millones a conciliación de conflictos agrarios, y 500 millones para el programa de atención a adultos mayores en el campo.

La dirigente campesina señaló que efectivamente, de unos años para acá, el gobierno ha impulsado programas para mujeres. Sin embargo, esto responde a compromisos internacionales a los cuales se compromete, independientemente del «color» del gobierno.

Esta central, refirió, pertenece al Congreso Agrario Permanente (CAP), así como al movimiento El Campo no Aguanta Más.

Afirmó que en los programas para mujeres hay discriminación, pues desde el momento en que acotan «cuántas se tienen que agrupar o a cuánto financiamiento pueden acceder, entre otras normatividades, obviamente impide a la población femenina rural tener recursos».

Antuna precisó que son 100 millones de pesos los que serán canalizados al Programa de Apoyo a la Mujer Campesina, manejados por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), a nivel nacional.

Destacó que sólo el año pasado se quedaron cinco mil proyectos parados. A los funcionarios de la SRA, les decíamos que no sólo eran papeles los que se quedan parados, «es esfuerzo truncado de las compañeras».

Así, refirió, para todos los programas y en particular los de mujeres piden grupos organizados, «como si esto fuera una cuestión de magia, pues la organización implica trabajo social, político y económico».

Antuna concluyó que el Acuerdo Nacional para el Campo, es una cuestión histórica, pero que se necesita revisar la normatividad de todos los programas que están encaminados hacia los 12 millones de mujeres rurales, donde solamente un millón son dueñas de su parcela, dos millones 500 mil son jornaleras.

2003/RGL/MEL

       
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