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En riesgo, sostenibilidad económica de organizaciones de salud sexual y reproductiva

Por la Redacción
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Cualquier organización civil que atienda la salud –como prevenir la malaria, el zika o el VIH– y a la par haga acciones de planificación familiar, no podrá recibir fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y si lo hace deberá dejar de lado su trabajo en salud reproductiva de las mujeres.
 
Así lo advirtió la organización mexicana Balance, que promueve la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y quien expuso las consecuencias del decreto que el pasado 23 de enero firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reestablecer la Ley Mordaza (Global Gag Rule, por sus siglas en inglés).
 
En un comunicado la organización señaló que esta ley, también conocida como Política de la Ciudad de México (porque se dio a conocer en esta ciudad hace más de 30 años) fue instaurada por el ex presidente estadounidense Ronald Reagan en 1984 para prohibir que ese país brinde ayude económica a cualquier organización civil que mencione, trabaje o preste servicios de aborto.
 
Balance aclaró que las restricciones en el uso de fondos de la USAD existen desde hace décadas y están contenidas en el Helms Amendment, que impide, desde 1973, que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero para realizar abortos.
 
Sin embargo el decreto que se firmó el lunes expande los alcances de la de 1984 a todos los fondos enfocados a salud en general. Es decir, que ahora las organizaciones que trabajan para eliminar la malaria, responder al VIH, atender la salud de la niñez, también deberán obedecer a la Ley Mordaza o no podrán recibir los recursos.
 
“Este cambio hará que la nueva versión de la política sea 15 veces más atroz que la de Reagan. Esta decisión es una manera de coartar las decisiones y autonomía de miles de mujeres, restringiendo el acceso a otros servicios de salud, así como el acceso a información y servicios de aborto seguro”, explicó la organización.
 
La Ley Mordaza, señala Balance, se usará para controlar la manera en la que las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de planificación familiar fuera de Estados Unidos utilizan sus fondos.
 
Ahora cualquier organización de salud que reciba fondos de la USAID será forzada a elegir entre promover, proveer y/o defender el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo o perder los recursos que obtienen para promover otros servicios de salud sexual y reproductiva.
 
Lo más grave, alertó la agrupación mexicana, es que las organizaciones que tienen financiamiento de la USAID para temas de salud y que han conseguido recursos de otras fuentes de financiamiento para trabajar en el tema de aborto, deberán dejar de promover la interrupción voluntaria del embarazo para continuar recibiendo recursos de Estados Unidos.
 
Esa es la razón del riesgo de la sostenibilidad económica de organizaciones que brindan vacunas, mosquiteros para reducir el riesgo de malaria y zika, que tienen programas para mejorar la salud durante el embarazo, métodos anticonceptivos, que brindan atención médica para personas que viven con VIH o que generan estrategias con el gobierno para reducir la mortalidad y morbilidad durante el embarazo, parto y puerperio, entre otras.
 
Esta orden ejecutiva de Trump –anunciada a un día de que cientos de mujeres latinas, afroamericanas, musulmanas y estadounidenses salieran a las calles a protestar por las políticas racistas, antinmigrantes y sexistas del mandatario– arriesgará la sostenibilidad de organizaciones civiles de otros países, sin importar el estatus legal del aborto en cada Estado.
 
Así los servicios que brindan organizaciones en todo el mundo para apoyar las acciones de sus gobiernos en países en desarrollo para mejorar las condiciones de salud están en riesgo.
 
“Esta es una muestra de que el colonialismo sigue vigente y que los países desarrollados de manera frontal y directa amenazan la soberanía de los países en desarrollo. Las consecuencias reales en la vida de las personas no se toman en cuenta. Tenemos que analizar y hacer visible la gran dependencia de muchos países al financiamiento de Estados Unidos”, expuso Balance. 
 
La agrupación también aseguró que cortar los recursos para aborto –tema considerado un problema por el gobierno estadounidense– sólo orilla a las mujeres a buscar abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud.
 
17/AGM
 

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