El escándalo por el supuesto desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida, colocó otra vez al Instituto Federal Electoral (IFE) en el debate sobre la precaria «autoridad» que tiene esa institución ante la fuerza de la corrupción política.
Pero no es el asunto de Pemex-Labastida el único, ni el más grave de los pendientes que el IFE tiene con la sociedad, y sobre todo con los contribuyentes que financian con muy amplios recursos a los partidos políticos, considerados por la Constitución como entidades de interés público.
Un despacho informativo de la agencia de noticias CIMAC (http://www.cimac.org.mx), difunde el 12 de junio del 2000 –a veinte días de la histórica elección–, la denuncia que hacían algunos grupos ambientalistas y científicos en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que calificaban como una «oposición artificial» creada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
El PVEM no es un partido ecologista, aseguraban, por enésima vez en esa ocasión organizaciones ambientalistas, así como científicos y académicos mexicanos –que ellos sí– trabajan en el tema del medio ambiente.
Con la careta de defensor y de representante de la causa ambiental en México, el PVEM es en realidad «…un partido que obtuvo su actual registro ante el IFE en el año de 1991, como resultado de la creación artificial de partidos de oposición desde el gobierno», afirmaba por esos días la comunidad ambientalista en un comunicado de prensa.
Recordaba que, tras perder su registro en 1991, por no haber alcanzado la votación requerida, un año después, en 1992, sin militancia y oficialmente sin dinero, de manera «inverosímil», supuestamente realizó 167 asambleas en 24 estados con más de 300 personas en cada una de ellas.
Así, a pesar de no haber acreditado debidamente el cumplimiento de los requisitos de ley, la autoridad electoral le otorgó nuevamente el registro oficial.
El grupo denunciante aseguraba también que el cacicazgo de más de una década de la familia González Torres, había hecho de los estatutos «…un homenaje indignante al autoritarismo, ya que ninguna asamblea resulta legal si González Torres no está presente, además de que ninguna decisión puede ir en su contra porque tiene derecho de veto sobre la Asamblea Nacional».
Y es que, en efecto, los estatutos del PVEM establecen en su artículo 10, que «la Asamblea Nacional es el órgano de autoridad suprema del partido».
Pero más adelante, el artículo 12, correspondiente a las «Reglas de la Asamblea Nacional», prevé: «las resoluciones de la asamblea podrán ser vetadas por el presidente nacional del Partido Verde Ecologista de México»,
Como se sabe, es obligación del Consejo General del IFE aprobar la constitucionalidad y la legalidad de los estatutos de un partido político con registro.
Pero los estatutos del PVEM, llenos de candados antidemocráticos, de los cuales el más escandaloso es el del mencionado artículo 12, han sido avalados por la autoridad electoral, misma que se jacta de haber sido garante de una elección presidencial democrática.
De ahí que el pasado 25 de enero, Carlos Alberto Macías Corcheñuk, líder real del PVEM, ante la negativa sistemática de los consejeros y burócratas del IFE ratificó en la Cámara de Diputados la solicitud de juicios políticos en contra José Woldenberg, Fernando Zertuche, Jacqueline Peschard y Alonso Lujambio, quienes fungen como Consejero Electoral Presidente, Secretario Ejecutivo y Consejeros Electorales, respectivamente.
La denuncia se basa en los reiterados actos y omisiones que son constitutivos de flagrantes violaciones al marco constitucional y legal, de manera específica a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Como lo documenta Macías, con tales conductas se ha vulnerado el Estado de Derecho y se lesiona gravemente el funcionamiento e imagen de las instituciones, independientemente de que además existen los elementos suficientes para determinar que sus actos y omisiones son constitutivos también de delitos del orden penal.
Woldenberg y Zertuche se han rehusado reiterada y sistemáticamente a someter a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral el asunto de la Asamblea Nacional democrática del 24 de noviembre del 2000 en la cual fue destituida la dirigencia ilegítima del PVEM, en ese entonces encabezada por Jorge González Torres, así como la modificación de los estatutos partidistas inconstitucionales que rigen la vida interna de esta entidad de interés publico.
Los funcionarios electorales se han negado también a suspender las prerrogativas al PVEM, a pesar de las múltiples evidencias y las denuncias presentadas por parte de los militantes y del propio IFE por el mal manejo de las mismas, además de que han demostrado negligencia en el seguimiento de las denuncias penales que se han interpuesto ante la Procuraduría General de la República por el desvío de cantidades millonarias.
Finalmente, como ya se ha comentado en diversos espacios informativos, una evidencia más de la conducta antidemocrática y violatoria de nuestro Estado de Derecho, es el desconocimiento del mandato judicial para que el Consejo General revise los estatutos partidistas, violentando con ello las diversas disposiciones del COFIPE y de la Constitución.
Por cierto que el mandato del juez también incluye el reconocimiento de la personalidad jurídica como dirigente nacional de Macías Corcheñuk, que el IFE se ha negado a incluir en la agenda de su Consejo General.
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