La organización de derechos humanos Amnistía Internacional manifestó su procupación por que aún no hay fecha para que un tribunal nigeriano revise la apelación presentada en agosto por Amina Lawal, condenada por la ley islámica a morir lapidada acusada de adulterio.
Mediante un comunicado fechado el 14 de noviembre, la seccion española de Amnistía Internacional denunció el «doble discurso» del gobierno de Nigeria, que podría «llevar a un deterioro aún mayor» de los derechos humanos de cinco condenados a muerte por leyes islámicas en ese país.
«El dilatado plazo que está transcurriendo entre la condena y la vista del recurso de Amina Lawal supone que aún sigue bajo la amenaza de la pena de muerte», pues «hasta ahora no se ha fijado fecha para la próxima vista de apelación», explicó la instancia civil.
A pesar de la indignación internacional, agregó, «Amina Lawal, Ahmadu Ibrahim, Fatima Usman, Yunusa Rafin Chiyawa y Sarimu Mohammed siguen condenados a muerte y en los tribunales de la ley islámica del norte de Nigeria se dictan habitualmente penas crueles, inhumanas y degradantes, como la flagelación y la amputación», añadió la organización.
Advirtió que «a pesar de las garantías dadas por el presidente Obasanjo, el gobierno aún no toma medidas para asegurar que los códigos penales de la ley islámica se ajusten a la constitución nigeriana y a las obligaciones contraídas por el país en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos».
«El gobierno federal parece tener dos discursos deliberadamente contradictorios según su interlocutor sea nacional o internacional», expuso.
Para Amnistía Internacional, el argumento de que los estados de la federación tienen derecho a códigos penales propios es insostenible, ya que en ellos hay disposiciones que vulneran las normas de derechos humanos que deben regir en todo el país, tanto en el ámbito federal como en el estatal.
El presidente Olusegun Obasanjo ha reiterado su oposición a la pena de muerte En una comparecencia pública, en octubre pasado, afirmó: «no podemos imaginar ni plantear la posibilidad de que un ciudadano de Nigeria sea lapidado hasta la muerte (…). Es algo que nunca ha sucedido y que ojalá nunca suceda».
Antes, en el mismo sentido, el ministro de Justicia Kanu Agabi afirmó que su gobierno impugnaría la decisión de un tribunal de la ley islámica de rechazar la apelación de Amina Lawal: «La condena a muerte de Amina (…) plantea problemas de derecho y de hecho que merecen la atención del Tribunal de Apelaciones».
Sin embargo, el 4 de noviembre, el ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Sule Lamido, defendió el uso de la ley islámica en general, evitando abordar la creación y aplicación de nuevos códigos penales, que contradicen a la constitución nigeriana y las obligaciones internaiconales de ese país.
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