El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, ratificó su disposición para crear una Fiscalía Especializada en la atención de delitos violentos contra las mujeres, e informó que trabaja con legisladoras para definir la competencia que tendría esta nueva instancia.
«Estamos trabajando en la creación del marco competencial, porque la mayoría de los homicidios (que atienda esta instancia) van a ser del fuero común; estamos creando incluso una propuesta de reforma legislativa y un esquema para impulsar a las entidades federativas a crear una fiscalía igual con la que podamos trabajar coordinadamente», explicó.
La creación de la nueva Fiscalía fue una propuesta de las comisiones unidas de Seguimiento a los Feminicidios y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, y del Senado, cuyos integrantes propusieron una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) para constituir esta nueva instancia con carácter permanente y rango de Subprocuraduría.
En la reunión estuvo presente la diputada Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios de la Cámara de Diputados, quien expresó al funcionario el desacuerdo de las legisladoras con la creación del Fondo de Auxilio Económico para familiares de las víctimas de feminicidio y con los criterios de asignación de los recursos.
«No estamos de acuerdo en que se clasifique a las víctimas en dos categorías terribles: unas reciben una cantidad de dinero si sólo fueron asesinadas; otras recibirán otra cantidad, creo que 100 mil pesos más, si además fueron violadas o lastimadas de otras formas antes de ser asesinadas», explicó.
La legisladora sostuvo que en la ética y en la filosofía de los derechos humanos todas las vidas valen lo mismo y todas las mujeres asesinadas también, y que estos criterios están generando problemas entre los familiares de las víctimas. Afirmó que lo principal es conocer la verdad y que se haga justicia para después reparar el daño.
«Hay madres que nos dicen, ‘entonces ahora tengo que presumir que mi hija fue violada para que me den más dinero’. El tema es muy delicado y se presta a muchas confusiones. También puede prestarse a que se incurra en delitos; queremos decirlo claramente», señaló.
Agregó que las legisladoras y legisladores están de acuerdo en que haya un auxilio a las víctimas, pues para ello la Cámara de Diputados aprobó una asignación de 31 millones de pesos, pero consideran que esos recursos deben destinarse al desarrollo vital de las personas: en vivienda, salud, educación, «otra forma que no ponga en riesgo tampoco a los familiares de las víctimas».
Tras la presentación que hizo el procurador sobre la situación de violencia y la operación de las bandas de delincuencia organizada que operan en el país, la legisladora comentó al funcionario que su análisis no contemplaba el feminicidio y le pidió incluir el fenómeno en el mapa de la violencia como un problema generalizado, en relación tanto con la delincuencia organizada como con las vías agregadas de violencia y violencia intrafamiliar.
Lagarde pidió también al procurador información sobre los 23 asesinatos de mujeres que fueron atraídos por la PGR, y le comentó los informes de la comisionada especial Guadalupe Morfín y el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, sobre la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender el problema del feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, donde -insistió- siguen ocurriendo asesinatos de mujeres.
Respecto del fondo de auxilio, Cabeza de Vaca explicó que, ante la variedad de intereses en juego, la dependencia decidió los criterios de aplicación para lograr una rápida ejecución en la entrega de los recursos, pero manifestó la voluntad de la PGR de dialogar con las legisladoras sobre el tema.
Acerca de los 23 casos que investiga la dependencia, informó que hay varias líneas de investigación pero que, en general, están ligados a temas de delincuencia organizada, básicamente a tráfico de drogas, y que las investigaciones están avanzando.
05/LG/YT
